Ciudad de Guatemala, 2 feb (EFE).- La sentencia del pasado 24 de enero contra cinco paramilitares por violar sistemáticamente a 36 mujeres mayas achí, durante el conflicto armado interno (1960-1996) en Guatemala, es "un aliento para seguir con más fuerza" en busca de justicia, según dos jóvenes abogadas indígenas que llevaron el histórico caso en el país centroamericano.

Así lo afirma Haydeé Valey, abogada de la organización holandesa Impunity Watch, que junto a su colega, Lucía Xiloj, de la Asociación Bufete Jurídico Popular, se querellaron junto al Ministerio Público (MP-Fiscalía) en el juicio contra los cinco paramilitares sentenciados.

Valey enfatizó, en una entrevista con Efe, que para las mujeres sobrevivientes de las agresiones sexuales "hay una gran carga emocional que se reaviva porque recientemente algunas dieron su declaración testimonial ante el tribunal".

Incluso una de ellas, Pedrina López de Paz, "logró reconocer de forma directa a dos de sus agresores" y "recordar, como dicen, es volver a vivir y eso es bastante doloroso", añadió Valey.

El juicio en contra de los paramilitares se inició el 5 de enero y concluyó el pasado día 24 con una condena de 30 años de prisión para los cinco acusados por violar a 36 mujeres indígenas achí entre 1981 y 1985, durante el período más sangriento del conflicto armado interno.

La justicia tardó casi 40 años en llegar para la parte acusadora en contra de los sindicados, quienes al momento de cometer las violaciones eran integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), una fuerza controlada por el Ejército en el conflicto armado interno.

Las violaciones de las 36 mujeres indígenas achí tuvieron lugar en el cuartel militar de Rabinal, en el departamento de Alta Verapaz, unos 100 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala, desde 1981 hasta 1985.

Para Valey y Xiloj, la condena de 30 años a cada responsable por los delitos de deberes contra la humanidad es también el comienzo de más investigaciones, además de una victoria de sentimientos encontrados, con la alegría por alcanzar una justicia esquiva y el trauma de los mismos testimonios.

PARA SEGUIR CON MÁS FUERZA

En opinión de Valey, la decisión del Tribunal de Mayor Riesgo A guatemalteco de condenar a los paramilitares "es un aliento para seguir con más fuerza, con más decisión para continuar esa lucha por la justicia porque sabemos que todavía hace falta que este caso se siga discutiendo no solo contra los autores intelectuales, sino porque también hay otras tres personas que están en libertad y que están vinculadas a este caso".

De igual forma Xiloj considera que es solo el inicio del proceso judicial, pues "hay que seguir buscando justicia para el resto de las mujeres que posiblemente no identificaron a personas concretas porque no eran de la comunidad, eran militares que venían de otros departamentos, pero ahí hay otro tipo de responsabilidad que también tiene que ser deducida", dijo a Efe.

Las mujeres tenían entre 12 y 52 años cuando fueron violadas y entre las 36 víctimas habían cuatro menores, de acuerdo a la Fiscalía.

El conflicto armado interno en Guatemala dejó más de 200.000 personas asesinadas y 45.000 desaparecidos, más del 90 por ciento de ellos a manos del Estado según informes independientes de la Organización de Naciones Unidas.

Valey valora aún más la sentencia condenatoria favorable debido al momento que atraviesa la justicia guatemalteca, que ha dado ejemplos al mundo de poder enjuiciar por genocidio a exdictadores o encarcelar a expresidentes salientes en el pasado, pero que ahora vive horas bajas con señalamientos de cooptación por poderes ocultos. EFE

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