Alicia López

Madrid, 30 ene (EFE).- Ciudadanos se aferra a las elecciones de Castilla y León con la esperanza de remontar dos años largos hundidos en una deriva que puede culminar con su desaparición definitiva del mapa político y aunque prevén un fuerte bajón confían en lograr los escaños necesarios para ser determinantes en la formación de gobierno.

De momento, el último barómetro del CIS, del pasado 26 de enero, pronostica que Cs obtendría un 7,9 por ciento en intención de voto y entre 2 y 5 procuradores (en 2019 consiguieron 12). Y esto en un escenario de casi empate entre el PSOE y el PP, como vaticina el sondeo, aunque es el único que lo hace, podría dar cancha al partido de Inés Arrimadas.

Si eso se confirma el 13 de febrero, permitiría a los naranjas coger aire y confiar en este nuevo ciclo electoral que comienza en Castilla y León, donde su socio de gobierno, Alfonso Fernández Mañueco, convocó las elecciones a traición, según Cs.

Ha sido un golpe muy duro para ellos y un suma y sigue a la salida de los gobiernos de Murcia y Madrid -en la Comunidad madrileña incluso del parlamento autonómico- el año pasado y al goteo de fugas hacia el Partido Popular.

Tiempos aciagos para Ciudadanos después de casi alcanzar al PP, plantarse con 57 escaños y haber tenido opciones de gobernar en España si Albert Rivera no se hubiera enrocado en vetar a Pedro Sánchez en 2019 y en pactar todos los acuerdos autonómicos con los populares, unos acuerdos que ahora la dirección, incluida la propia Arrimadas, reconoce que negociaron mal.

Entregaron todas las presidencias autonómicas a los populares y las principales alcaldías que estaban en liza, con lo que se quedaron sin cartas para intentar evitar situaciones como los adelantos electorales forzados en Madrid o en Castilla y León.

Ahora ya no quieren hablar de socios preferentes y, si es que finalmente cuentan para poder condicionar el Ejecutivo castellanoleonés, sea del PP o del PSOE, se sentarán a negociar con su programa en la mano y ver quién da más.

Y a eso mismo aspiran a nivel nacional, a seguir en el Congreso y marcar agenda como hacen otras formaciones con un puñado de escaños e igual que han hecho ellos mismos esta legislatura con su decena de diputados (ahora 9) al convertirse en imprescindibles para sacar adelante los sucesivos estados de alarma durante la primera fase de la pandemia.

Buscan ese papel otra vez en la convalidación del decreto de la reforma laboral ante las pegas que están poniendo los socios de investidura de Sánchez y reinvidicarse así como el partido del equilibrio y del sentido común.

Saben que la empresa que tienen por delante es bastante complicada con los mimbres actuales de Ciudadanos, pero aún en el peor de los escenarios creen que es posible evitar la desaparición.

Aunque no consiguieran mantenerse a flote ni en las elecciones de Castilla y León ni en las andaluzas, no significa que no puedan sacar la cabeza en el resto de citas electorales, dicen al asegurar que un buen resultado "da la vuelta al marcador, pero uno malo no lo cierra del todo".

Y aún van más allá al sostener que incluso si en las próximas generales no obtuvieran representación en el Congreso tampoco darían por finiquitado el proyecto naranja, poniendo de ejemplo la situación del Partido Liberal alemán, que en las elecciones federales de 2013 se quedó fuera del Bundestag (el Parlamento), volvió en 2017 y en los comicios de 2021 ha entrado en el gobierno socialdemócrata con cuatro carteras.

De momento, cuentan a su favor con que tienen las finanzas saneadas y eso les permite afrontar el ciclo electoral completo, que concluiría en 2023, incluso si no obtuvieran representación en las dos convocatorias autonómicas de este año con la merma de ingresos que eso supondría. EFE

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