Túnez, 24 ene (EFE).- La jefa del gabinete del presidente tunecino Kais Said, Nadia Akacha, anunció este lunes su dimisión tras apenas dos años en el cargo y seis meses después de que el mandatario decretase el Estado de excepción y se hiciera con todos los poderes para "preservar la paz social".

"Tuve el honor de trabajar por el interés supremo del país desde mi cargo con el esfuerzo que hice junto al Presidente de la República.Hoy, sin embargo, debido a las diferencias en los puntos de vista relacionados con este interés supremo, considero mi deber retirarme de mi cargo", señaló Akacha en un breve comunicado publicado en su cuenta Facebook.

Doctora en derecho público y especialista en derecho constitucional, Akacha fue nombrada a finales de 2019 consejera en cuestiones jurídicas y dos meses más tarde pasó a dirigir el gabinete presidencial, convirtiéndose en su mano derecha y una de las pocas caras que se conocen del acotado entorno del presidente. A través de un decreto presidencial, Said le otorgó el rango y los privilegios equivalentes a un ministro.

Discreta y escrupulosamente organizada como le describen sus conocidos, la jurista de 40 años ha sido criticada por su exceso de influencia en las decisiones del presidente, lo que ha provocado la renuncia de varios de sus consejeros.

Un año antes, la Presidencia reveló que Akacha tuvo que ser hospitalizada después de abrir una carta anónima que iba dirigida al jefe del Estado en un "intento de envenenamiento" aunque las autoridades judiciales descartaron la presencia de cualquier sustancia tóxica.

Desde que el pasado 25 de julio el presidente decretase el Estado de excepción -que incluyó el cese del primer ministro y la suspensión de la Asamblea de manera indefinida-, ha congelado la casi totalidad de la Constitución de 2014 y se ha hecho con el monopolio de poderes.

Esta decisión ha sido calificada por la mayoría de partidos políticos como "golpe de Estado", mientras otros consideran que se trata de una "rectificación" de la revolución de 2011 que puso fin a las dos décadas del régimen autócrata de Zine El Abidine Ben Ali.

Desde entonces, la Justicia, tanto civil como militar, ha abierto numerosas investigaciones y ha adoptado medidas cautelares -arrestos domiciliarios y prohibición de abandonar el país- contra altos cargos de instituciones, magistrados, hombres de negocios y diputados por supuestos casos de corrupción y otros ligados a la libertad de expresión, lo que ha desatado la preocupación de organizaciones de defensa de los derechos humanos.EFE

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