Este hecho ha sido documentado por la Guardia Civil durante el registro en la Diputación de Badajoz, donde también se requisaron dispositivos del hermano de Sánchez. El sindicato alega que este borrado podría constituir un delito de obstrucción a la Justicia.

El sindicato Manos Limpias se ha convertido en el protagonista inesperado de la investigación judicial que gira en torno a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La organización sindical ha solicitado formalmente a la magistrada Beatriz Biedma, del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que se incluya a dos cargos del PSOE como investigados en el marco de la investigación en curso. Esta solicitud se fundamenta en el borrado de correos electrónicos por parte de las funcionarias Elisa Moriano Morales y Cristina Núñez Fernández, un acto que, según Manos Limpias, constituye un grave delito de obstrucción a la Justicia.

La denuncia de Manos Limpias ha llevado a un análisis más exhaustivo de las acciones realizadas durante el registro llevado a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado 10 de julio en el Palacio de Felipe Checa, sede de la Diputación de Badajoz. Durante el operativo, los agentes se llevaron varios elementos clave para la investigación, incluidos el ordenador del hermano de Sánchez, un disco duro y un volcado de ocho direcciones de correo electrónico. El material confiscado está actualmente bajo análisis para esclarecer la magnitud de la implicación de David Sánchez en los posibles delitos investigados.

En el acta redactada al finalizar el registro, los agentes de la UCO documentaron que Moriano Morales y Núñez Fernández habían procedido al borrado de correos electrónicos cruciales en dos fechas específicas: 17 de enero de 2024 y 18 de marzo de 2022. La primera fecha coincide con el regreso de una de las funcionarias tras las vacaciones navideñas, justo antes de que se hicieran públicas las primeras irregularidades relacionadas con la oficina de David Sánchez, conocida como Ópera Joven. Esta oficina recibió un subsidio europeo tras firmar un acuerdo con el Ministerio de Cultura, aunque solo recaudó 2.000 euros de un total de 128.000 euros invertidos en una ópera.

Además, los informes de diciembre de 2023 revelaron que la Diputación de Badajoz había incrementado el salario de David Sánchez en un 22% y triplicado el presupuesto anual de su oficina, elevándolo de 100.000 a 350.000 euros, justo en época de elecciones municipales. También se desveló que Sánchez se había mudado a Elvas, Portugal, en un aparente intento de eludir impuestos.

El acta del registro menciona que los correos eliminados "constan como eliminados en el momento actual". Los técnicos de la Diputación están trabajando para recuperar estos mensajes mediante la carga de las copias de seguridad del servidor. Las carpetas de mayor interés para los investigadores son las correspondientes al hermano de Sánchez y al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, quien también es secretario general del PSOE de Extremadura.

El sindicato Manos Limpias, encabezado por Miguel Bernad, ha calificado este borrado de correos como una tentativa de obstrucción a la Justicia, una acción que podría ser castigada con penas de prisión de uno a cuatro años y multas que oscilan entre seis y veinticuatro meses. Bernad ha subrayado que la eliminación de estos correos coincide con el momento en que comenzaron a publicarse irregularidades sobre el manejo de fondos y el aumento de salario de Sánchez, lo que refuerza su alegato de que el borrado fue deliberado para ocultar información comprometedora.

La petición de imputación realizada por Manos Limpias se suma a un creciente cúmulo de problemas para el entorno del presidente Pedro Sánchez, cuya familia se encuentra en el centro de una serie de controversias. Esta situación no solo añade presión sobre el gobierno, sino que también destaca la creciente tensión en torno a las prácticas y la gestión de recursos en las instituciones públicas.

La respuesta de la Comisión de la Diputación de Badajoz y del equipo de defensa de las implicadas será crucial para el desarrollo de este caso. Mientras tanto, la magistrada Beatriz Biedma deberá decidir si procede a la imputación de las funcionarias mencionadas, lo que podría tener un impacto significativo en la dirección de la investigación y en la percepción pública del caso.

El contexto político y administrativo de esta investigación revela una trama compleja en la que se entrelazan intereses políticos, manejo de fondos públicos y cuestionamientos éticos. El caso de David Sánchez y el borrado de correos en la Diputación de Badajoz no solo es una cuestión de justicia y legalidad, sino también un reflejo de los desafíos y tensiones en el ámbito político y administrativo de España.

A medida que la investigación avanza y se recopilan más pruebas, la opinión pública y los medios de comunicación estarán atentos a los próximos pasos en este caso. La resolución de esta situación podría tener implicaciones profundas para los responsables políticos involucrados y para la confianza en las instituciones públicas.

Este incidente subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública, así como la necesidad de un sistema judicial que actúe con rigor para asegurar que todos los actos de corrupción y obstrucción a la justicia sean debidamente investigados y sancionados. La evolución de este caso podría sentar precedentes importantes para la manera en que se manejan y supervisan los procedimientos administrativos en el futuro.