La Ley sobre Simplificación Administrativa promete transformar radicalmente la manera en que ciudadanos y empresas interactúan con la Administración autonómica y local. Esta legislación, que se introducirá en el trámite parlamentario en octubre, busca agilizar trámites, reducir la burocracia y fomentar un entorno más facilitador para los grandes proyectos empresariales.

El Gobierno de Cantabria ha dado un paso decisivo en su agenda de reformas administrativas con la presentación del primer anteproyecto de ley específica en el transcurso de su legislatura. Este innovador anteproyecto, conocido como la Ley sobre Simplificación Administrativa, fue presentado este viernes por la presidenta María José Sáenz de Buruaga y se espera que entre en el trámite parlamentario en octubre, tras un período de consultas de un mes con sectores productivos y colegios profesionales.

Objetivo principal 

La Ley de Simplificación Administrativa tiene como objetivo principal reducir y agilizar los procedimientos administrativos tanto para ciudadanos como para empresas, en todas las administraciones autonómicas, locales y entidades asociadas. Según Sáenz de Buruaga, la ley busca economizar gastos derivados de procesos administrativos y acelerar la instalación y operación de empresas en Cantabria, una reivindicación histórica de grandes compañías que han optado por establecerse en comunidades vecinas debido a la lentitud de los trámites en la región.

El anteproyecto se enmarca dentro de un compromiso programático del PP y se orienta a transformar la administración en una entidad más facilitadora y menos paternalista. La ley propone una modernización integral que abarcará desde la simplificación de trámites hasta la introducción de nuevas tecnologías y métodos de gestión.

Novedades y medidas clave

Entre las principales innovaciones que introduce la ley, destaca la creación de una Unidad de Aceleración Administrativa destinada a proyectos estratégicos. Esta unidad estará enfocada en proyectos que involucren una inversión superior a 50 millones de euros, generen al menos 100 empleos estables, o sean relevantes para la comunidad. Ejemplos de proyectos que recibirán atención especial incluyen la Residencia Cantabria y la rehabilitación del antiguo psiquiátrico de Parayas.

Otra medida importante es la facilitación de pagos a través de aplicaciones móviles como Bizum, así como la implementación del principio de silencio administrativo positivo, que considerará aprobados los trámites si no se recibe una respuesta dentro del plazo estipulado.

La administración electrónica también recibirá un impulso significativo, con el uso de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia de los procesos. Además, se introducirá un régimen sancionador para asegurar el cumplimiento de las nuevas obligaciones establecidas por la ley.

 De paternalista a facilitadora

El Gobierno de Cantabria se propone pasar de una administración paternalista y controladora a una facilitadora, reduciendo la carga burocrática y mejorando la rentabilidad del tiempo invertido en trámites. En palabras de Sáenz de Buruaga, “el tiempo es un factor clave de rentabilidad”. Para lograrlo, se modificarán 41 normas del ordenamiento jurídico y se implementarán 160 mejoras en procedimientos administrativos que afectan a áreas diversas como subvenciones, tasas, patrimonio, salud y educación. Este proceso implicará la modificación de 21 leyes, seis decretos y cuatro órdenes, presumiblemente a través de una Ley de Acompañamiento si se alcanza un acuerdo parlamentario.

Entre las medidas destacadas se encuentra el uso de declaraciones responsables en lugar de licencias y autorizaciones, la simultaneidad de trámites e informes, y la regulación de entidades colaboradoras de certificación, como los colegios profesionales. Además, se eliminarán documentos innecesarios y se aplicará el principio de intervención administrativa mínima.

La ley también incorporará el principio de unidad de mercado, eliminando la necesidad de nuevas autorizaciones para disposiciones y actos validados en otras autonomías, y garantizará la seguridad jurídica mediante la introducción de entidades colaboradoras acreditadas para certificar la documentación requerida.

Impulso a proyectos estratégicos

Un aspecto fundamental del anteproyecto es el tratamiento preferente de grandes proyectos inversores mediante la creación de la Unidad Aceleradora de Proyectos. Esta unidad se encargará de gestionar proyectos que sean estratégicos por su relevancia social, económica o territorial. Los proyectos declarados de interés estratégico recibirán un impulso preferente en la tramitación, con plazos reducidos para autorizaciones y acceso preferente a financiación, avales y subvenciones.

Proceso de implementación y futuro de la ley

El anteproyecto de ley es el resultado de un exhaustivo trabajo interdepartamental, conocido como “TAC en la administración”, que identificó ineficiencias y duplicidades en 1.500 procedimientos administrativos, de los cuales el 30% fueron considerados susceptibles de mejora. La presidenta Sáenz de Buruaga ha resaltado que la simplificación administrativa es un objetivo transversal que se implementará progresivamente a lo largo de la legislatura.

El proceso de consulta pública estará abierto hasta mediados de septiembre, y el Gobierno ha llamado a los ayuntamientos, empresas y colegios profesionales a colaborar activamente en la mejora del proyecto. La presidenta ha confiado en tener el texto definitivo del borrador en octubre, para su aprobación por el Consejo de Gobierno y posterior introducción en el Parlamento de Cantabria durante el siguiente período de sesiones