Madrid, 22 dic (EFE).- La enmienda 3702 del senador Carles Mulet cuya aprobación por el Senado retrasará hasta el próximo martes la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado asume literalmente un mandato de la Cámara de 2020 para proteger las lenguas minoritarias de acuerdo con la pertinente Carta Europea.

El 7 de octubre de 2020 el pleno del Senado aprobó, con una mayoría de 150 votos y la abstención de 105 senadores (entre ellos 93 del grupo popular), una moción promovida por el PNV cuyo primer punto instaba al Gobierno a "cumplir con lo establecido en la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias".

Es la misma justificación que figura en la enmienda a los presupuestos presentada por el senador de Compromís: "Apoyar el cumplimiento de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias". Para ello, las cuentas públicas destinarán una partida de 1,6 millones de euros.

La diferencia es que mientras la moción de 2020 fue apoyada por el PSOE y por EH-Bildu, ahora ambas formaciones han rechazado la enmienda para respetar su acuerdo de no tocar las cuentas públicas procedentes del Congreso.

En el otro lado de la balanza, el PP -que se abstuvo hace un año aunque su portavoz, Miguel Lorenzo, dijo desde la tribuna que sí respaldaban la moción- esta vez ha votado a favor de las lenguas minoritarias con todo el peso de sus 100 senadores, al que se han sumado los de ERC, los de PNV y la Izquierda Confederal.

Suficientes para superar con creces los votos en contra y para poner en un aprieto al Gobierno, que ha visto cómo se desbarataban sus planes para dejar zanjados ya los presupuestos.

Porque la famosa enmienda tiene que ser avalada por el Congreso, lo que ha obligado a convocar un nuevo pleno para el próximo martes 28 de diciembre, día de los Inocentes.

Además, el PSOE cambiará de posición, y si en el Senado ha votado en contra del nuevo destino de esos 1,6 millones, en el Congreso sí lo va a apoyar.

Más allá de los reproches al PP por su supuesta maniobra dilatoria -que los populares niegan bajo el argumento de que quienes han cambiado han sido los de ERC al salirse del pacto para no cambiar los presupuestos- el caso es que, a efectos prácticos, el Ministerio de Cultura tendrá que reajustar una de sus partidas de 2022.

Los cambios en los presupuestos no pueden incrementar su cuantía, solo modificar su reparto, y por ello cada enmienda tiene un alta y una baja. En este caso, los 1,6 millones para las lenguas se quitarán del concepto "edificios administrativos".

Otra cosa es a qué se dedique este dinero, algo que no especifica más allá de ese apoyo genérico a la Carta Europea.

Compromís entiende que estos fondos deberían ser transferidos a las comunidades autónomas afectadas para que ellas decidan su destino, y recuerda que su enmienda se presentó a instancias de la Chunta Aragonesista.

Fuentes de este partido aragonés afirman que el objetivo de la enmienda es implicar al Estado en la promoción y difusión de las lenguas minoritarias, y no solo las reconocidas como cooficiales (catalán, euskera y gallego) sino otras que no gozan de este estatus, como el bable o el leonés.

En Aragón, remarcan, "coexisten dos minorías lingüísticas que hablan aragonés y catalán de Aragón" y que hablan "unas 120.000 personas, casi un 10% de la población aragonesa".

Para la Chunta, la enmienda tiene "un valor simbólico importante" porque por vez primera habrá un "esfuerzo económico" estatal para promover y difundir las lenguas propias de las comunidades autónomas "y muy especialmente las que todavía no han alcanzado el estatus de la oficialidad".

La Carta Europea tiene como principal objetivo proteger y preservar esta lenguas como "una parte esencial de la herencia cultural de Europa", según el Consejo de Europa.

El grupo popular, cuyo voto ha sido decisivo en ese episodio, sostiene que el PP siempre la ha respaldado y puntualiza que la enmienda "hace referencia al apoyo desde el ámbito de la cultura, no de la educación o de la función pública, a estas lenguas minoritarias en la UE".

Insiste en que ello "no supone en ningún caso apoyar que esas lenguas puedan ser cooficiales en los territorios donde son habladas".

En 2020, el Ministerio de Política Territorial citaba junto a las lenguas cooficiales (euskera, gallego, valenciano, catalán, lengua occitana y el aranés) a otras sin esta consideración que deben ser protegidas, como el asturiano o bable, el leonés, el amazig (empleado en Melilla), el árabe dariya (Ceuta) y la fala (en Extremadura). EFE

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