Johannesburgo, 31 ene (EFE).- El expresidente sudafricano Jacob Zuma (2009-2018) pidió hoy al tribunal que atiende su juicio pendiente por corrupción -por cargos relacionados con un acuerdo armamentístico de los años noventa- el permiso necesario para apelar la decisión de esa misma corte de mantener al actual fiscal del caso.

En una audiencia celebrada hoy en el Tribunal Superior de Pietermaritzburg (este de Sudáfrica), el juez Piet Koen escuchó los argumentos a favor y en contra de la petición interpuesta por los abogados de Zuma para desafiar nuevamente la continuidad del fiscal que encabeza la acusación pública, Billy Downer, al que atribuyen falta de imparcialidad.

Koen ya había desestimado un intento anterior de la defensa de apartar a Downer en octubre pasado, por lo que Zuma necesita ahora que el Tribunal Superior de Pietermaritzburg dé su permiso para apelar esa decisión ante una corte de rango superior.

En la vista sobre este procedimiento, el abogado Dali Mpofu aseguró que lo que pretende la defensa es evitar una acusación "amañada" contra Zuma; pero la Fiscalía, representada en este caso por Andrew Breitenbach, acusó a Zuma y a su equipo legal de buscar nuevamente excusas para retrasar el avance de la causa.

"No va en el interés de la Justicia (dar lugar a un nuevo retraso del juicio)" sostuvo Breitenbach, quien argumentó que cualquier otro tribunal también desestimará los argumentos contra Downer y que, si hubiera irregularidades en el desarrollo del juicio, la defensa siempre podría posteriormente apelar legítimamente.

Entre los argumentos que la defensa esgrime contra Downer figuran, entre otros, supuestas filtraciones realizadas por el fiscal a la prensa y conflicto de intereses.

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el juez Koen cerró la sesión informando a las partes de que espera tener un veredicto para el 16 de febrero.

En el juicio del acuerdo de armas, a Zuma se le imputan cargos de asociación ilícita, corrupción, lavado de dinero y fraude tras cerca de 800 operaciones supuestamente fraudulentas relacionadas con un acuerdo de millonario firmado a finales de la década de 1990 con la empresa armamentística francesa Thales.

En paralelo a esta causa, Zuma es el centro de una gran investigación, conocida como la "Captura del Estado", que estudia la presunta extensa corrupción que se adueñó del aparato público sudafricano mientras él fue presidente.

Como Zuma achaca todas las acusaciones a una persecución en su contra por motivos políticos, el exmandatario se negó reiteradamente a cumplir con sus citaciones judiciales a declarar en el marco de esas investigaciones, lo que ocasionó que el Tribunal Constitucional sudafricano le condenara en junio pasado a 15 meses de cárcel por desacato.

Ingresó en prisión a comienzos de julio y, sólo unos días después, se desataron en Sudáfrica disturbios y saqueos masivos que, si bien empezaron como protestas de apoyo al expresidente, degeneraron en violencia general, espoleada por los graves problemas socioeconómicos del país.

El pasado 5 de septiembre, pese a llevar sólo unos dos meses de cárcel cumplidos, al expresidente se le otorgó una polémica libertad condicional por motivos de salud cuyos detalles no se hicieron públicos.

En diciembre, sin embargo, el Tribunal Superior de Gauteng Norte, con sede en la ciudad de Pretoria, declaró ilegal esa decisión, pero Zuma no ha tenido que volver a la cárcel porque inmediatamente inició también los trámites de apelación. EFE

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