Cartagena, 13 ene (EFE).- La abogada de los tres diputados de Vox en la Región de Murcia expulsados en junio de 2020, y que controlan el grupo en la Asamblea Regional, ha pedido este jueves, en la vista celebrada en Cartagena contra este partido, la readmisión de los parlamentarios y la nulidad de las primarias que eligieron a José Ángel Antelo presidente provincial de esta formación.

En la vista celebrada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cartagena han testificado el propio Antelo y el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, uno de los cuatro cargos nacionales a los que los diputados autonómicos retiraron en mayo de 2020 los poderes para poder controlar las cuentas y contratar a los trabajadores del grupo, tres de los cuales fueron despedidos por los demandantes sin conocimiento de la dirección nacional.

Ambos dirigentes han justificado el procedimiento llevado a cabo para expulsar a los tres de los cuatro parlamentarios de Vox en la Asamblea Regional de Murcia (Juan José Liarte, portavoz; María Isabel Campuzano, actual consejera de Educación y Cultura, y Francisco Carrera, secretario primero de la Mesa) mientras que el cuarto, Pascual Salvador, se mantuvo fiel a la dirección nacional.

La defensa de los demandantes, a los que el titular del juzgado denegó en mayo de 2021 la suspensión de la expulsión como medida cautelar y que ha presentado un escrito interrogatorio como testigo dirigido al presidente del partido, Santiago Abascal, ha centrado su exposición en las "irregularidades" del procedimiento de expulsión llevado a cabo por el Comité de Garantías y el Comité Ejecutivo Nacional.

Así, la letrada de los tres parlamentarios autonómicos ha considerado probados los "defectos formales graves" en la tramitación, ya que no consta que haya acuerdos firmes al respecto por parte del Comité de Garantías, lo que causó "indefensión" a los diputados, al tiempo que ha remarcado que los trabajadores despedidos por los demandantes no ejercían su labor en el grupo, sino que realizaban tareas para la dirección estatal.

Además, ha reclamado la nulidad de las primarias que proclamaron en septiembre de 2020 presidente regional de Vox a Antelo, que era presidente de la gestora regional durante el proceso de expulsión, porque el Comité de Garantías no resolvió el recurso de reposición presentado por los expulsados, imposibilitando que pudieran presentarse o votar y vulnerando así su derecho de participación política, misma postura que ha expuesto el fiscal del caso, Orencio Cerezuela.

El representante de la Fiscalía también ha reclamado la nulidad de la expulsión en base a la sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2016, ya que el reglamento de la Cámara no contempla que terceras personas externas al grupo puedan controlar las subvenciones que recibe el grupo ni contratar a personal para los parlamentarios, que no firmaron el reglamento interno de Vox, que explicita la existencia del apoderamiento.

Sin embargo, el letrado de la dirección de Vox ha justificado la "pulcritud" del expediente de expulsión y ha asegurado que los diputados, cuando fueron elegidos, tenían conocimiento y "admitieron" desde que fueron designados candidatos a las elecciones autonómicas de mayo de 2019 que habría apoderados para supervisar el funcionamiento del grupo.

Durante su testimonio, Ortega Smith ha defendido, frente a la "deslealtad" de los expulsados, que él y otros tres cargos nacionales estuvieran como apoderados de las cuentas del grupo para llevar el "máximo control y supervisión" del uso que hacían los diputados de la subvención y del personal contratado, con el fin de evitar el "amiguismo, las corruptelas y el enchufismo".

La sesión judicial ha provocado que se modifique el calendario de tramitación de los presupuestos autonómicos de 2022, ya que coincidía con una de las sesiones de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos de la Asamblea Regional. EFE

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