Huesca, 24 feb (EFE).- La fiscalía ha rebajado su petición de condena de 20 a 11 años de prisión para el guardia civil acusado de la tentativa de asesinato en Huesca de un compañero de profesión que paseaba a su perro en compañía de su hija, que también resultó herida al tratar de interponerse, tras valorar el testimonio de los peritos psiquiatras que evaluaron el estado mental del agresor.

En el juicio que se sigue en la Audiencia de Huesca por estos hechos, ocurridos la tarde del 2 de mayo de 2020 en la avenida Martínez de Velasco de la capital altoaragonesa, el fiscal ha aplicado una eximente incompleta por trastorno psicológico para pedir una condena por los delitos de tentativa de homicidio sobre el padre (9 años y 6 meses) y de lesiones sobre la hija (1 año).

El representante de la acusación particular ha mantenido, sin embargo, su petición de penas de 25 años de prisión para el acusado por dos delitos de tentativa de homicidio tras rechazar la aplicación de atenuantes a la hora de valorar la conducta del agresor.

Por su parte, la defensa ha calificado los hechos como dos presuntos delitos de lesiones con instrumento peligroso (navaja) con la atenuante de reparación del daño, pero ha solicitado al tiempo la aplicación de una eximente completa por enajenación mental para instar la absolución de su cliente y su internamiento en una institución psiquiátrica.

De forma alternativa, la letrada de la defensa ha planteado, en el caso de que el tribunal considerara la aplicación de una eximente incompleta por enajenación, penas por un total de 3 años de prisión para el procesado.

La sesión de hoy se ha iniciado con las intervenciones de diversos peritos, entre otros, a petición de la defensa, las de cuatro psiquiatras que evaluaron el estado mental del procesado.

Todos estos peritos han coincidido en señalar que el acusado sufría un trastorno delirante persistente que le llevaba a pensar que era víctima de un complot contra su vida por parte de la Guardia Civil, que encarnó en la víctima, que vivía justo en el piso superior del bloque en el que habitaban.

"Una maldita casualidad", con esta afirmación ha resumido uno de los psiquiatras de la defensa tanto el que la víctima viviera cerca de su agresor como el hecho de que ambos se cruzaran en la calle cuando tuvo lugar la agresión.

Según los especialistas, el procesado, preso de un delirio estructurado desde años atrás que distorsionaba su visión de la realidad, actuó contra su víctima en la creencia de que se estaba defendiendo a su vez de un complot que amenazaba su vida.

Han añadido que el hecho de que viviera en "soledad absoluta" y que hubiera abandonado de forma unilateral la medicación antipsicótica que le habían prescrito agravó su estado mental de forma previa a la agresión.

Respecto al grado de responsabilidad del procesado, la psiquiatra que le atiende en la actualidad en la prisión de Logroño le ha considerado "inimputable" debido al grado de evolución de la psicosis que había alimentado a través de los años.

Los otros dos peritos psiquiatras que han comparecido hoy han asegurado que el acusado, aunque era conocedor que lo que hacía "no estaba bien", al mismo tiempo "era consciente de que no podía hacer otra cosa para defenderse".

Estos posicionamientos coinciden parcialmente con los emitidos la jornada de ayer por los médicos forenses del juzgado, para quienes el procesado era consciente de su actos en el momento de la agresión, a pesar de "ser esclavo" de su delirios.

Unos delirios que plasmó minuciosamente en unos cuadernos y que le llevaron a pensar que su vecino, por una supuesta orden de los mandos del Cuerpo, no sólo le vigilaba sino que emitía radiaciones contra él desde su vivienda, envenenaba su agua o emitía ultrasonidos con el fin de trastornarle. EFE

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