Barcelona, 20 ene (EFE).- La Fiscalía pide una multa de 30.000 euros para la exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega, a la que acusa de haber burlado la condena de inhabilitación que se le impuso por organizar la consulta del 9N cuando ejerció como asesora del Departamento de Empresa, entre mayo y octubre de 2019.

En su escrito, el ministerio público acusa a Ortega de un delito de quebrantamiento de condena, al entender que asumió el cargo de asesora en proyectos transversales del Departamento de Empresa y Conocimiento, entre el 17 de mayo y el 8 de octubre de 2019, "con evidente ánimo de incumplir la condena firme" que se le impuso por la consulta del 9N.

Según la Fiscalía, la actividad que llevaba a cargo Ortega en su cargo de asesora, por el que cobró 32.110 euros brutos, estaba "directamente conectada" con el Gabinete del Departamento de Empresa, "cuya retribución estaba asimilada a la de un puesto de trabajo de funcionario de nivel A".

Para el ministerio público, de esa forma la exvicepresidenta evitó cumplir la condena de nueve meses de inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno en el ámbito autonómico, estatal o local que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, junto al expresident Artur Mas y a la exconsellera Irene Rigau, por un delito de desobediencia al organizar la consulta del 9N.

Fue el propio TSJC el que denunció a Ortega en los juzgados, al entender que había "burlado" la pena de nueve meses de inhabilitación con su contrato de asesora del Departamento de Empresa.

En su declaración ante la juez instructora que la investigaba, la exvicepresidenta alegó que en el cargo de asesora del Departamento de Empresa para el que fue contratada no ejercía funciones de gobierno, por lo que no entraría dentro de los supuestos que veta la pena de inhabilitación para empleo y cargo público.

La investigada blandió ante la magistrada sendos informes jurídicos confeccionados por el Gabinete Jurídico y por el área de Función Pública de la Generalitat, que avalaban que su contratación como asesora no suponía un quebrantamiento de la condena de inhabilitación.

Además, adujo que su cargo de asesora era de dominio público y se había publicado oportunamente en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC).

Como consecuencia inmediata de su nombramiento como asesora del Govern, el TSJC dejó sin efecto la liquidación de la condena de inhabilitación de Ortega, que expiraba en octubre de 2019, aunque la dio por cumplida en julio de 2020. EFE

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