Madrid, 28 dic (EFE).- El Gobierno buscará el respaldo de sus socios parlamentarios para mantener sin cambios el acuerdo en la reforma laboral alcanzado con patronal y sindicatos y que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes vía real decreto ley.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo que la vocación del Gobierno es que la reforma "permanezca como está", aunque ha dejado claro que dialogará con las fuerzas políticas todo lo que sea necesario para concitar su apoyo.

La reforma, ha defendido Díaz, es la primera en 40 años que "recupera derechos de los trabajadores" y supone "pasar página a la precariedad" fijando un "marco laboral que va a cambiar la vida de la gente".

"Hay jóvenes y mujeres que no han conocido un contrato que no sea basura en la vida", ha afirmado Díaz.

NUEVOS LÍMITES A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL

Entre los cambios introducidos, tras intensas negociaciones con patronal y sindicatos, están algunos aspectos de la reforma laboral del PP en 2012, recuperando la ultraactividad de los convenios y la prioridad del sectorial en materia salarial.

Junto a esto, se limitan las causas y el tiempo máximo para recurrir a los contratos temporales que se simplifican acabando con uno de los más extendidos, el de obra y servicio.

En este punto, Díaz ha explicado que habrá un plazo de tres meses para la adaptación de los contratos temporales vigentes y que los de obra y servicio en marcha podrán extenderse durante 6 meses más desde la entrada en vigor de la norma.

Junto a los cambios en negociación colectiva, el acuerdo recoge los nuevos modelos de ERTE Red ante crisis o reestructuraciones sectoriales, cambios en los contratos formativos, en la subcontratación y otras medidas como una penalización por el abuso de contratos de corta duración.

Tener aprobada esta reforma antes de final de año, con especial foco en atajar la excesiva tasa de temporalidad del mercado laboral español, era uno de los compromisos del Gobierno con Bruselas en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia.

CRÍTICAS DE LOS SOCIOS DEL GOBIERNO

La norma, que se prevé esté publicada en el BOE y en vigor desde mañana miércoles 29, deberá pasar después por el Congreso de los Diputados, donde se votará su convalidación así como la posibilidad de que se tramite como proyecto de ley.

Los socios parlamentarios del Gobierno, como PNV, Bildu y ERC ya han expresado su rechazo a la reforma al considerar que no es una "derogación real" del texto elaborado por el PP en 2012 y han abogado por que se tramite como proyecto de ley para introducir cambios.

El PP ha recalcado que votará en contra del texto, aunque considera que no deroga la normativa aprobada en 2012 por el gobierno de Mariano Rajoy, porque no está dispuesto a actuar como "muleta" del Ejecutivo cuando éste tiene problemas con sus socios.

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ya ha advertido de que se descolgará del acuerdo social si el texto pactado se modifica a su paso por el Congreso.

Los sindicatos UGT y CCOO han valorado este martes una reforma que, tras más de nueve meses de negociaciones, marca un hito al ser un acuerdo "pactado, ambicioso y que supone una recuperación nítida y una mejora evidente de derechos laborales de la clase trabajadora".

Por ello, añaden los dos sindicatos, piden "responsabilidad" a los partidos políticos "para convalidar en el Congreso un acuerdo tan importante, que elimina aspectos que han contribuido a empobrecer a la clase trabajadora". EFE

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