Túnez, 23 dic (EFE).- Human Rights Watch (HRW) denunció este jueves el aumento de los juicios civiles y militares en Túnez, que atentan contra la libertad de expresión, en los que en los últimos meses fueron procesados ciudadanos por haber criticado "pacíficamente" al presidente de la República, Kais Said.

"Criticar públicamente al presidente tras su acaparamiento de poderes adicionales es tomar el riesgo de terminar frente a un tribunal", declaró el director interino de la región Mena, Eric Goldstein, en un comunicado de prensa en el que lamentó que las autoridades hagan uso de leyes "represivas" promulgadas antes de la transición democrática.

La situación que ha empeorado, recordó, desde que el mandatario se arrogase plenos poderes el pasado mes de julio, a lo que se suma la ausencia del Tribunal Constitucional- pendiente de creación desde 2015- y que priva a los tunecinos de una garantía contra procesos penales que violan los derechos humanos.

Entre los acusados, señaló el responsable, se encuentran varios diputados del ahora suspendido Parlamento, personalidades públicas que han compartido su opinión en las redes sociales y un presentador de televisión.

Uno de los casos más destacados es el del bloguero Selim Jebali, sentenciado el pasado mes de octubre por la justicia castrense a seis meses de cárcel por sus publicaciones en Facebook en las que calificaba al presidente de "perro" y "golpista".

Los mismos cargos se le imputan a la también bloguera Amina Mansour después de publicar un vídeo satírico en el que describe a Said como "el presidente menos corrupto" y por el que el tribunal militar ordenó que se sometiera a una evaluación psiquiátrica.

El periodista Amer Ayed y el exdiputado Abdelatif Aloui fueron arrestados por su participación en un debate televisado en el que acusaron al mandatario de "manipulador" y se encuentran actualmente en libertad provisional a la espera de su juicio.

Durante el último lustro, destacó la ONG, al menos otras nueve personas han sido procesadas por sus críticas a responsables públicos en las redes sociales, acusados de "injuria", "ofensa a representantes del Estado" y "atentado contra el orden público". Entre ellos se encuentra el activista Wajdi Mahouechi, que cumple una condena de dos años de cárcel tras reprobar el comportamiento del fiscal general.

"Autorizar juicios contra civiles ante un tribunal militar constituye una violación de su derecho a un juicio justo", añadió HRW.

Desde que el pasado 25 de julio el presidente decretase el Estado de excepción- que incluyó el cese del primer Ministro y la suspensión de la Asamblea de manera indefinida- ha congelado la casi totalidad de la Constitución de 2014 y se ha hecho con plenos poderes con el fin de "recuperar la paz social".

Una decisión que ha sido calificada por la mayoría de partidos políticos como "golpe de Estado", mientras otros consideran que se trata de una "rectificación" de la revolución de 2011 que puso fin a las dos décadas del régimen autócrata de Zine El Abidine Ben Ali.

Durante este periodo, la Justicia ha abierto numerosas investigaciones y ha adoptado medidas cautelares - arrestos domiciliarios y prohibición de abandonar el país- contra altos cargos de instituciones, magistrados, hombres de negocios y diputados por supuestos casos de corrupción y otros ligados a libertad de expresión, lo que ha desatado la preocupación de organizaciones de defensa de los derechos humanos. EFE

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