Túnez, 20 ene (EFE).- El partido islamista Ennahda, principal fuerza del ahora suspendido Parlamento de Túnez, exigió hoy una investigación judicial "seria" para determinar las causas del deceso de uno de sus militantes, que falleció días después de participar en las protestas del pasado viernes contra el presidente del país, Kais Said.

"Ridha Bouzayane, de 59 años, falleció como consecuencia de una hemorragia cerebral aguda tras la violencia excesiva de los policías", declaró el portavoz de la formación conservadora, Imed Khemiri, en una conferencia de prensa celebrada en la capital como respuesta al informe de la Fiscalía Pública, que excluyó el miércoles "la presencia de cualquier rastro visible de violencia".

Kherimi acusó a las autoridades de haber ocultado a los familiares de la víctima su paradero y su estado de salud, a pesar de que llevaba consigo el documento de identidad, mientras que sus compañeros de partido trataban de localizarle sin éxito durante los últimos cinco días en las diferentes comisarías de la capital.

"La medicina legal es el único órgano legítimo para pronunciarse sobre las circunstancias de su deceso", señaló el responsable antes de añadir que "Ennahda continuará con este proceso hasta llevar ante la justicia a toda persona responsable de este incidente".

Las manifestaciones, convocadas en la capital por el movimiento opositor "Ciudadanos contra el Golpe de Estado" y cinco partidos de diferente ideología, fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad, que detuvieron a decenas de personas y trataron de dispersar a los cerca de 2.000 participantes con camiones lanza agua, golpes de porra y gases lacrimógenos.

Un día antes, el Ejecutivo impuso un nuevo toque de queda entre las 22.00 y las 5.00 horas durante un periodo de dos semanas así como la prohibición de cualquier manifestación ante el aumento de los contagios por coronavirus que en su último balance oficial ha registrado más de 12.000 casos diarios.

Desde que el pasado 25 de julio el presidente decretase el Estado de excepción --que incluyó el cese del primer ministro y la suspensión de la Asamblea de manera indefinida--, ha suprimido gran parte de la Constitución de 2014 y se ha hecho con plenos poderes con el fin de "recuperar la paz social".

Una decisión que ha sido calificada por la mayoría de partidos políticos como "golpe de Estado", mientras otros consideran que se trata de una "rectificación" de la revolución de 2011 que puso fin a las dos décadas del régimen autócrata de Zine El Abidine Ben Ali. EFE

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