David Morales Urbaneja

La Haya, 21 feb (EFE).- La junta militar birmana intervino hoy por primera vez en un organismo de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y le pidió al alto tribunal de la ONU que se declare incompetente a la hora de juzgar el presunto genocidio de la minoría musulmana rohinyá.

El ministro de Cooperación Ko Ko Hlaing, sancionado por Estados Unidos por el golpe militar de febrero de 2021, encabezó la representación de Birmania (Myanmar) en sustitución de la líder Aung San Suu Kyi, que se encuentra actualmente en prisión domiciliaria.

“El nuevo gobierno provisional de Myanmar se compromete a respetar sus obligaciones existentes” en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio “y es una de las partes en este procedimiento”, recalcó Hlaing en La Haya.

La polémica de la presencia de la junta en los procedimientos se debe a que, según organizaciones por los derechos humanos, Birmania debería estar representada en el alto tribunal de la ONU por el llamado Gobierno de Unidad Nacional (NUG por sus siglas en inglés), formado por parlamentarios derrocados y activistas prodemocráticos.

El ministro de Cooperación fue el único miembro de la junta militar en intervenir ante los jueces, aunque en la lista oficial del equipo legal de Birmania había otra dirigente, la fiscal general Thida Oo, que ha sido sancionada por países occidentales por fabricar cargos contra altos dirigentes del Gobierno democrático.

La junta no había sido reconocida hasta ahora por ningún otro órgano de Naciones Unidas, como la Asamblea General o el Consejo de Seguridad. El NUG ha defendido ser el legítimo representante del pueblo birmano y ha expresado su compromiso de retirar las objeciones preliminares presentadas en La Haya.

A modo de respuesta, la jueza presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, dijo al inicio de la vista oral que las partes que pueden presentarse ante el alto tribunal de la ONU “son los Estados, no gobiernos particulares”.

La corte ordenó a Birmania, en enero de 2020, que tomase medidas cautelares para proteger a los rohinyás de cualquier acto genocida. Hlaing defendió hoy que Birmania está “determinada a resolver” los problemas en el estado de Rakáin, donde el Ejército ha llevado a cabo brutales operaciones militares contra la minoría musulmana, “a través de métodos pacíficos”.

El caso de los rohinyás llegó a la CIJ gracias a Gambia, país africano de mayoría musulmana que presentó la denuncia con el apoyo de la Organización para la Cooperación Islámica.

Gambia exhibió como principal evidencia un informe de la comisión de investigación de la ONU sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en Birmania en el que se dice que hubo elementos de "genocidio intencional" en la actuación de las Fuerzas Armadas birmanas, como la muerte de unos 10.000 rohinyás y la huida de más de 700.000 a Bangladés entre 2016 y 2017.

Esas actuaciones del Ejército supondrían, según Gambia, una violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

JURISDICCIÓN

El equipo legal de Birmania defendió hoy que la CIJ no tiene jurisdicción para juzgar el presunto genocidio de los rohinyás y presentó, entre otros, dos argumentos para pedirle al tribunal que se declare incompetente.

El primero, que el alto tribunal de la ONU solo puede tratar litigios entre Estados y Gambia está actuando en realidad como un mero representante de Organización para la Cooperación Islámica.

El abogado de Birmania Christopher Staker aseguró que la CIJ sentaría “un importante precedente” si declarara que tiene jurisdicción, pues permitiría a organizaciones no gubernamentales personarse en futuros casos como demandantes.

Como segundo argumento, los abogados de Naipyidó indicaron que ni los ciudadanos de Gambia ni sus intereses se han visto afectados en las operaciones militares contra los rohinyás en Birmania, por lo que no debería permitirse a ese país formar parte de los procedimientos.

El país africano contestará ante la CIJ el próximo miércoles y la segunda ronda de vistas orales continuará el viernes, con los representantes de Birmania, y el lunes de la semana que viene con los de Gambia.

Los jueces se retirarán a deliberar posteriormente si tienen jurisdicción para juzgar el presunto genocidio, una decisión que se espera para los próximos meses. EFE

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