Madrid, 21 feb (EFE).- La ministra de Justicia, Pilar Llop, y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, han firmado este lunes un convenio de prevención de riesgos labores para dotar a la carrera fiscal de protección en materia de seguridad en el ámbito de su trabajo.

Una firma que supone un "avance" en derechos de los fiscales, en palabras de la titular de Justicia, y "un paso trascendental para la seguridad y salud de los fiscales", según la Fiscalía General.

Además, durante el encuentro, informa Justicia en un comunicado, la ministra ha aumentado su compromiso presupuestario en esta etapa de su legislatura -de los 757.360 euros en 2017 se pasa a 1.639.700 euros para 2022-, cantidades donde "se han imputado las distintas modalidades de gasto que comprende la prevención de riesgos laborales".

La necesidad de este plan era una reivindicación dentro de la carrera y, de hecho, ya ha sido celebrado desde algunas asociaciones de fiscales en Twitter.

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales llevó el caso a la Justicia y presentó una demanda en la Audiencia Nacional, a la que se adhirió la Asociación de Fiscales -mayoritaria en la carrera-. El asunto está pendiente de sentencia, según informan a Efe fuentes jurídicas.

Pero, tal y como avanzaron entonces fuentes de la negociación, el Ministerio y la Fiscalía General ya han hecho efectivo el convenio que sienta las bases del nuevo plan de prevención de riesgos laborales para los fiscales, porque, según ha recalcado Llop, "tenemos que cuidar a nuestros profesionales y reforzar derechos fundamentales como la protección de la maternidad, la salud profesional, incapacidades, descanso y conciliación corresponsable", entre otros.

Según informa la Fiscalía General del Estado, el convenio contempla la creación de una comisión de seguridad y salud en el Ministerio Fiscal y de otra de seguimiento, así como la adaptación de los puestos de trabajo o las revisiones médicas periódicas y voluntarias de los fiscales.

Durante su intervención, Llop ha destacado el esfuerzo realizado por la Administración de Justicia durante la pandemia y ha hecho hincapié en la importancia del teletrabajo y la conciliación para avanzar en igualdad, aspectos que se han impulsado desde el Ministerio, donde, ha dicho, a diario 1.249 personas trabajan de manera telemática, y más de 8.009 en los últimos 12 meses.

La igualdad también ha ocupado parte de su discurso, en el que ha indicado que casi el 66% de la carrera fiscal son mujeres y ha subrayado la necesidad de regular procedimientos específicos de protección del embarazo y el posparto.

También se ha referido a la "obligación" de la Administración para "garantizar un entorno laboral libre de acoso" y para abordar a tiempo y con sensibilidad los problemas de salud mental, aspectos que, ha dicho, están contemplados en la elaboración del convenio rubricado este lunes. EFE

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