Bamako, 10 ene (EFE).- El Gobierno maliense de transición condenó las nuevas sanciones "ilegítimas e ilegales" impuestas ayer contra Bamako por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) para obligar a las autoridades del país a respetar el calendario de las elecciones.

"Estas medidas (punitivas) contrastan con los esfuerzos realizados por el Ejecutivo y su disponibilidad para el diálogo con miras a llegar a un compromiso con la CEDEAO sobre el calendario de elecciones en Malí", precisó el gobierno maliense en un comunicado.

Los países de la CEDEAO decidieron ayer en una cumbre extraordinaria en Accra congelar las cuentas de los miembros de la junta militar maliense en los bancos regionales, la retirada de sus embajadores en Bamako y la suspensión de todas las transacciones comerciales con Mali, con la excepción de algunos productos básicos.

El Gobierno maliense añadió en su comunicado que esas sanciones, que suponen una "violación" de los textos comunitario, fueron decididas "curiosamente en un momento en el que las Fuerzas Armadas de Malí están logrando resultados espectaculares en la lucha contra el terrorismo".

Agregó que, en aplicación del principio de reciprocidad, el Gobierno maliense ha decidido retirar a sus embajadores acreditados ante los 14 Estados miembros de la CEDEAO y cerrar sus fronteras terrestres y aéreas con esos países.

Precisó que Malí se reserva el derecho a revisar su participación en este bloque regional.

Asimismo, el Ejecutivo de Malí envió un mensaje de tranquilidad a la opinión pública maliense confirmando que se han tomado las medidas adecuadas para garantizar el suministro normal de los mercados del país con los productos de primera necesidad.

Las nuevas sanciones de la CEDEAO son una respuesta a la intención del Gobierno maliense de prolongar el período transitorio entre seis meses y cinco años, lo que implica posponer la fecha de las elecciones previstas el próximo febrero para que el país vuelva a recuperar la legitimidad constitucional.

La fecha de febrero fue una exigencia de la CEDEAO, de la que Malí forma parte, para retirar la primera partida de sanciones impuestas a Bamako tras dos golpes de Estado perpetrados por los militares en agosto de 2020 y en mayo de 2021.

La CEDEAO ya había impuesto otras sanciones financieras y restricciones de viaje a los miembros de la junta militar de Mali y a sus familiares, y pidió en diciembre a la comunidad internacional que apoyara esas medidas.

Mali está inmerso en una crisis de seguridad desde 2012 por la aparición de varios grupos yihadistas afiliados a Al Qaeda o el Estado Islámico, que aprovecharon la debilidad del Estado maliense para avanzar por el Sahel, y dos golpes de Estado en los últimos dos años.

Estos episodios de violencia han obligado a más de 400.000 personas a abandonar sus hogares y unos 5,9 millones de malienses necesitan ayuda humanitaria en la actualidad, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). EFE

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