La Haya, 21 feb (EFE).- El ministro de Cooperación de la junta militar de Birmania (Myanmar), Ko Ko Hlaing, sancionado por Estados Unidos por el golpe militar de febrero de 2021, defendió hoy ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que el Ejército no ha cometido el delito de genocidio contra la minoría musulmana de los rohinyás.

Hlaing aseguró delante de los jueces que Birmania está “determinada a resolver” los problemas en el estado de Rakáin, donde el Ejército ha llevado a cabo operaciones militares contra los rohinyás, “a través de métodos pacíficos”, mantuvo.

Así mismo, pidió al alto tribunal de la ONU que se declare incompetente y no juzgue el presunto genocidio, tal y como ha reclamado Gambia con el apoyo de la Organización de la Conferencia Islámica.

El ministro de Cooperación ha encabezado la representación de Birmania en La Haya en sustitución de la líder birmana y nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, que en las vistas celebradas en diciembre de 2019 defendió la actuación del Ejército, el mismo que la mantiene en prisión domiciliaria a día de hoy a pesar de que su partido obtuvo una abrumadora mayoría en las elecciones de noviembre de 2020.

La polémica de la presencia de Ko Ko Hlaing en La Haya y de otros miembros de la junta militar en las vistas orales se debe a que, según organizaciones por los derechos humanos, Birmania debería estar representada en el alto tribunal de la ONU por el llamado Gobierno de Unidad Nacional (NUG, por sus siglas en inglés), formado por parlamentarios derrocados y activistas prodemocráticos.

La junta no había sido reconocida hasta ahora por ningún otro órgano de Naciones Unidas, como la Asamblea General o el Consejo de Seguridad. No obstante, la jueza presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, indicó hoy, al inicio de las vistas orales, que las partes que pueden presentarse ante el alto tribunal de la ONU “son los Estados, no gobiernos particulares”.

El NUG ha defendido ser el legítimo representante del pueblo birmano y ha expresado su compromiso de retirar las objeciones preliminares presentadas en La Haya contra la denuncia de Gambia.

Este país ha incorporado como principal evidencia un informe de la comisión de investigación de la ONU sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas en Myanmar.

En dicho documento se dejó por escrito que hubo elementos de "genocidio intencional" en la actuación de las Fuerzas Armadas birmanas, como la muerte de unos 10.000 rohinyás y la huida de más de 700.000 a Bangladés.

Según la acusación, Myanmar ha violado la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en las operaciones contra grupos rebeldes de la minoría musulmana entre 2016 y 2017. EFE

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