Santiago Carbone

Montevideo, 29 dic (EFE).- Sin los apoyos suficientes para que el Parlamento pudiera revocar la decisión del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, el primer veto del centroderechista desde que asumió el cargo el 1 de marzo de 2020 se consolidó definitivamente este miércoles.

Propuesto por el derechista Cabildo Abierto (CA), uno de los cinco socios que integran la coalición de Gobierno, el proyecto de nueva ley forestal buscaba "que no se plante en los mejores campos del país", explicó días atrás el senador Guido Manini Ríos, líder de la formación.

El asunto revestía importancia en clave de política interna por cuanto Cabildo Abierto se enfrentaba al jefe de Estado -quien, días atrás, recibió a Manini Ríos en la Torre Ejecutiva con el veto en la mano- y porque el Frente Amplio, coalición de izquierda que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020 y principal de la oposición, apoyaba a CA.

Además, en cuanto a la economía del país suramericano, Uruguay cuenta con dos plantas de celulosa -y está a punto de abrir la tercera- y ese producto es el segundo más exportado por detrás de la carne bovina, con ventas que en 2020 se tradujeron en 1.101 millones de dólares.

LEY FORESTAL

Este miércoles no hubo sorpresas, ya que el levantamiento de las observaciones de Lacalle Pou -se usa popularmente la palabra veto, pero este no aparece así citado en la Constitución- exigía tres quintas partes de la Asamblea General extraordinaria, sino que los distintos sectores ratificaron sus posturas iniciales.

El pasado 15 de diciembre, CA y FA votaron a favor de un proyecto de ley que no acompañaban los otros cuatro socios del Ejecutivo -Partido Nacional (PN, centroderecha), Partido Colorado (PC, centroderecha), Partido Independiente (PI, centroizquierda) y Partido de la Gente (PG, derecha)-.

El nuevo proyecto incluía en su articulado que la plantación de bosques generales y de rendimiento quedara limitada a los suelos de prioridad forestal.

Según esto, agregaba que los segundos no podían superar el 10 % de la superficie nacional bajo explotación agropecuaria y que la superficie destinada a bosques de servicio en cualquier predio agropecuario no podía superar el 8 % de su extensión.

Lo concerniente a terrenos forestales está regulado en Uruguay por la Ley Forestal de 1988, que declara de interés nacional "la defensa, el mejoramiento, la ampliación, la creación de los recursos forestales, el desarrollo de las industrias forestales y, en general, de la economía forestal", y por un decreto de 2021 sobre calidad ambiental.

¿BRECHA EN EL OFICIALISMO?

La disensión mostrada abiertamente entre CA y el resto del Ejecutivo hizo pensar en una posible brecha en el oficialismo.

"Es un tropezón que no podemos ignorar, pero no es una caída", dijo en ese momento a Efe el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), actual secretario general del PC, también socio de Gobierno.

Otros legisladores pusieron paños fríos al asunto e, incluso, uno de los diputados de CA, Eduardo Lust, dijo a Efe que no existe ninguna grieta, aseguró que es normal que los partidos tengan diferencias y agregó que no habrá ninguna consecuencia.

En cambio, lo que sí hubo fue una crítica directa a la oposición por acompañar este proyecto, lo que se tildó de oportunismo.

"Durante los 15 años que gobernó, el FA hizo las mayores concesiones a la industria de la celulosa", espetó Sanguinetti.

Un día después de que aquella votación, Lacalle Pou esperó a Manini Ríos en la Torre Ejecutiva -sede de Gobierno- con las observaciones preparadas para ser enviadas al Legislativo.

"Toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes", rezaba dicho texto, que agregaba que "esas limitaciones deben explicitarse y motivarse claramente".

Además, el mandatario apelaba a la "libertad de producción", que, en su opinión, se veía "innecesariamente afectada".

"VETO PRESIDENCIAL"

Las razones que llevaron a Lacalle Pou a observar esta ley fueron discutidas este miércoles durante una sesión que se extendió por cuatro horas, tras la que 16 de 31 senadores y 53 de 97 diputados presentes votaron por levantar las observaciones.

Al no alcanzar los tres quintos necesarios para revocar la decisión del mandatario, esta quedó firme y el asunto no podrá volver a discutirse durante esta legislatura.

Así, en Uruguay quedó aplicado el nonagésimo "veto presidencial", un mecanismo que fue utilizado en varias oportunidades por distintos mandatarios y que llevó, por ejemplo, a que Uruguay no aprobara la despenalización del aborto durante el primer Gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020). EFE

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