Túnez, 21 ene (EFE).- Tres formaciones políticas en Túnez anunciaron hoy haber interpuesto una denuncia contra el ministro del Interior, Taufik Charfeddin, por el "uso excesivo de la fuerza" por parte de los cuerpos de seguridad para dispersar a los manifestantes durante las últimas movilizaciones del 14 de enero contra el presidente de la República, Kais Said.

Según un comunicado reportado por la agencia estatal TAP, los partidos socialdemócratas Al Joumhouri (Republicano), Ettakatol y Attayar (Corriente Democrática)- éste último es el único con presencia parlamentaria y que contaba con 22 de los 217 escaños- presentaron una querella igualmente contra el director general de la Seguridad Pública, Mourad Hassine, ante la Fiscalía Pública.

El partido islamista Ennahda, principal fuerza del ahora suspendido Parlamento, exigió ayer una investigación judicial "seria" para determinar las causas del deceso de un manifestante y acusó a las autoridades de haber ocultado a los familiares su paradero y su estado de salud durante cinco días.

Mientras los conservadores aseguran que se debe a una hemorragia cerebral aguda como consecuencia de "la violencia excesiva de los policías", la Fiscalía excluyó "la presencia de cualquier rastro visible de violencia".

Las protestas, convocadas en la capital por el movimiento opositor "Ciudadanos contra el Golpe de Estado" y cinco partidos de diferente ideología, fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad, que detuvieron a decenas de personas y trataron de dispersar a los cerca de 2.000 participantes con camiones lanza agua, golpes de porra y gases lacrimógenos.

Por su parte, el ministerio del Interior defendió que los agentes "demostraron una gran moderación y recurrieron progresivamente a los camiones de agua para dispersar a los manifestantes, que asaltaron las barreras y atacaron a las fuerzas del orden".

Según el Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNJT), al menos 20 periodistas fueron agredidos de "forma deliberada" y la Policía impidió a numerosos profesionales grabar los arrestos, requisando su material a varios de ellos.

Un día antes, el Ejecutivo impuso un nuevo toque de queda entre las 22.00 y las 5.00 horas durante un periodo de dos semanas así como la prohibición de cualquier manifestación ante el aumento de los contagios, que según el último informe oficial registró cerca de 10.000 casos diarios. Una medida criticada por la oposición, que le acusa de utilizar la crisis sanitaria para restringir los derechos y libertades individuales.

Desde que el pasado 25 de julio el presidente decretase el Estado de excepción -que incluyó el cese del primer ministro y la suspensión de la Asamblea de manera indefinida-, ha congelado la casi totalidad de la Constitución de 2014 y se ha hecho con plenos poderes con el fin de "recuperar la paz social".

Esta decisión ha sido calificada por la mayoría de partidos políticos como "golpe de Estado", mientras otros consideran que se trata de una "rectificación" de la revolución de 2011 que puso fin a las dos décadas del régimen autócrata de Zin El Abidin Ben Ali. EFE

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