Barcelona, 5 ene (EFE).- La plataforma Escuela de Todos, integrada por 12 entidades que defienden el uso del castellano en las escuelas, ha pedido a la Alta Inspección Educativa del ministerio que investigue la instrumentalización política por parte del Govern de los centros educativos catalanes para seguir con la inmersión lingüística.

De este modo, la plataforma ha respondido al compromiso adoptado este martes por el Govern en forma de acuerdo gubernamental y que prevé "protección jurídica" a los docentes y equipos directivos que preserven la inmersión lingüística.

El pronunciamiento del Govern, según ha denunciado la plataforma, "traslada la responsabilidad del incumplimiento de las normas y de las resoluciones judiciales a los empleados públicos", al tiempo que "advierte de la exigencia de responsabilidades de todo tipo a las personas o entidades que consideren que atacan a otras personas o colectivos en la defensa y el uso del catalán".

Por ello, el colectivo ha denunciado "graves disfunciones democráticas" en el funcionamiento del Govern, al que ha acusado de "instrumentalizar políticamente los claustros y los consejos escolares de los centros catalanes", además de presionar a los docentes para preservar la inmersión lingüística.

En este sentido, la plataforma se ha referido a que en las últimas semanas, varios claustros y consejos escolares de centros educativos de Cataluña han adoptado mociones críticas con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que establece que todos los alumnos han de recibir un mínimo de un 25 % de la enseñanza en castellano.

En algunas de esas mociones, la plataforma ha recordado que se acuerda "de manera expresa desobedecer la mencionada sentencia y mantener los proyectos lingüísticos de centro que excluyen el español como lengua de aprendizaje".

La plataforma ha subrayado que el debate y aprobación de estos manifiestos en los claustros y consejos escolares "no solamente es ilegal, sino que supone la quiebra de principios democráticos básicos", además de "la instrumentalización de la administración pública, una inadmisible presión sobre los profesionales de la enseñanza y la utilización política de los menores", al participar estos en los consejos escolares.

"Una administración pública, como son los centros educativos dependientes de la Generalitat, no puede actuar al margen o en contra de lo que establece la Constitución, no puede desobedecer o animar a la desobediencia de las decisiones judiciales o las leyes", ha advertido la entidad.

Por ello, ha señalado que las personas que forman parte de los órganos administrativos "no pueden tener, a título individual, opiniones discrepantes de las decisiones judiciales", opiniones que "sí pueden expresar con toda libertad, pero sin comprometer la posición de la administración como tal".

Sobre los manifiestos aprobados por los claustros, la entidad ha indicado que los profesores "no han de verse obligados a manifestar su ideología en el marco laboral, y menos aún en reuniones en las que están presentes sus jefes directos (equipo directivo de los centros) y en las que pueden participar también miembros de la inspección educativa".

Asimismo, ha señalado que "es aún más grave" el planteamiento y debate de estos manifiestos que critican la sentencia del TSJC o animan directamente a desobedecerla en los consejos escolares, ya que cuentan con la presencia de alumnos que son menores de edad, que participan de manera "obligatoria en el debate político promovido por el Govern y los grupos políticos".

Por todo ello, han pedido que la Alta Inspección Educativa abra una investigación sobre la "inadmisible instrumentalización de los centros educativos" y que todas las autoridades implicadas tanto en la defensa de los trabajadores como de los menores "adopten las medidas necesarias para poner fin a estas prácticas deleznables y para investigar las ya producidas". EFE

cp/pll/ros