El PP alega que no conoció ni consintió gastos pagados por Gürtel en Boadilla
Madrid, 25 ene (EFE).- El abogado del PP Jesús Santos ha alegado en el juicio del caso Gürtel que el partido desconocía los presuntos gastos de actos políticos pagados entre 2001 y 2009 con fondos procedentes de la actividad de la trama corrupta en Boadilla del Monte (Madrid) y que en todo caso los consentiría el grupo municipal.
Madrid, 25 ene (EFE).- El abogado del PP Jesús Santos ha alegado en el juicio del caso Gürtel que el partido desconocía los presuntos gastos de actos políticos pagados entre 2001 y 2009 con fondos procedentes de la actividad de la trama corrupta en Boadilla del Monte (Madrid) y que en todo caso los consentiría el grupo municipal.
La Audiencia Nacional ha dejado este martes visto para sentencia, tras dos meses de sesiones, el juicio a los 24 acusados por las actividades de la trama Gürtel en Boadilla del Monte en el que el exalcalde del PP Arturo González Panero se enfrenta a cuarenta años de prisión, la mayor petición de pena por parte de la Fiscalía.
Están acusados de participar en la trama desarrollada en Boadilla entre 2001 y 2009 que logró comisiones a políticos del PP en forma de dinero y regalos a cambio de adjudicaciones de obras, parcelas y servicios del Ayuntamiento causando un perjuicio al consistorio que la Fiscalía cifra en cuatro millones de euros.
La Fiscalía pide que el PP sea condenado como responsable civil en su modalidad de partícipe a título lucrativo por los 204.198 euros que obtuvo supuestamente de los beneficios del entramado y que indemnice en dicha cantidad al Ayuntamiento de Boadilla.
El letrado del PP ha mantenido que los actos y servicios supuestamente pagados con fondos manejados por el grupo liderado por el acusado Francisco Correa, cabecilla de la trama, "se llevaron a cabo sin el conocimiento o consentimiento del partido y por tanto resultaron contrarios a la voluntad" de esta formación.
"En definitiva estaríamos ante actos y servicios que el partido no quería hacer pues de lo contrario se hubieran planificado en su campaña, en la que contaba con margen más que suficiente para asumir esos costes que injustamente se le atribuyen, atendiendo al presupuesto con el que contaba en las campañas electorales celebradas en el periodo objeto de investigación", ha añadido.
Jesús Santos ha comentado que "en todo caso serían actos y servicios realizados a escondidas del PP por personas que carecían de poder para comprometer al partido y además no tendrían intención de lucrar al mismo sino beneficiarse a sí mismos".
Ha recordado que dos exgerentes de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla, los acusados César Tomás Martín, exjefe de campaña del PP en Boadilla, y Alfonso Bosch, ex diputado del partido en la Asamblea de Madrid, "han reconocido que no les constaba que el PP conociese la ilícita operativa presuntamente desplegada por Correa en el Ayuntamiento de Boadilla".
"Aún cuando algunos se hayan podido aprovechar de su posición de poder de un grupo municipal esta actuación no puede empañar la encomiable e irreprochable actuación de aquellos afiliados, militantes y representantes de PP que han desarrollado siempre su actuación con pleno respeto a la legalidad y a los estándares éticos promovidos en la organización política", ha apuntado.
Y ha asegurado: En momentos en los que la ejemplaridad en los servidores públicos es algo que la sociedad reclama y ante la avalancha de acontecimientos y comportamientos execrables de algunos que defraudaron la confianza que les fue depositada para desempeñar cargos públicos el PP fue reaccionando con los medios existentes en ese momento, su expulsión del partido al ser imputados".
Dieciséis acusados, entre ellos Francisco Correa, su número 2, Pablo Crespo, empleados y asesores de sociedades de la trama, empresarios que pagaron comisiones y los citados exgerentes de la EMSV, se han visto beneficiados de importantes reducciones en la petición de pena por parte de la Fiscalía al haber confesado los hechos.
Entre ellos no se encuentra el sucesor de Arturo González Panero en la Alcaldía de Boadilla, Juan Jesús Siguero, para quien la fiscal solicita dos años y seis meses de prisión y que es uno de los cinco acusados que han hecho uso del turno de última palabra para negar la comisión de los delitos que se les imputa.
"Nunca he tenido nada que ver con la trama ni relación con las empresas acusadas pero llevo once años pagando la pena de telediario cuando estuve 15 años como concejal con vocación de servicio haciéndolo lo mejor que sabía y se podía. Espero que quede acreditada mi inocencia pero las heridas que me han quedado difícilmente pueden ser reparadas", ha manifestado. EFE
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