Túnez, 29 dic (EFE).- El proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado de 2022, presentado un día antes por el gobierno tunecino, se ha convertido en un punto de discordia con la poderosa central sindical, la UGTT, que le acusa de haber redactado su contenido de manera unilateral sin consultar con los diferentes actores sociales.

En una entrevista al diario árabe "Echaab News", el secretario general adjunto de la UGTT, Sami Tahri, declaró que este proyecto es similar al de años anteriores excepto por haber sido redactado "a puerta cerrada" y publicado directamente en el Boletín Oficial del Estado (JORT) sin consultar con el resto de las partes.

Asimismo criticó la ausencia de "verdaderas" medidas sociales destinadas a reformar el sistema de sanidad y educación, que se han visto duramente afectados durante la crisis sanitaria de la COVID-19. Ante la falta de diálogo, señaló, el sindicato ha solicitado a un equipo de expertos que estudie de manera minuciosa esta ley para "confirmar y probar que el trabajo individual es a menudo incompleto y deficiente".

Semanas antes, el sindicato advirtió que no aceptará las medidas de austeridad propuestas en privado por el Ejecutivo, que incluyen la rebaja del 10 % del sueldo de los funcionarios, su congelación salarial durante los próximos cinco años, la privatización de empresas del sector público y la retirada de las subvenciones a los productos de primera necesidad.

Por su parte, la ministra de Finanzas, Siham Boughdiri, desmintió hoy las acusaciones de la UGTT y explicó que el proyecto fue presentado previamente ante el Consejo Nacional de Fiscalidad, compuesto por responsables de diferentes ministerios y sindicatos así como de la Orden Nacional de Abogados y Médicos entre otros.

"La situación de las finanzas públicas es muy difícil (...) En dos meses hemos elaborado una ley más o menos equilibrada y aceptable", defendió Boughdiri, que señaló que dicho texto forma parte de un programa de reformas que culminará en 2026 y que será presentado a principios de año ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), del que espera recibir antes de abril un primer tramo de 310 millones de euros.

El gobierno de Nedjla Bouden, en el poder desde finales de septiembre, reveló ayer este proyecto de ley con el que se venía especulando desde hacía semanas y que prevé un presupuesto general de 17.000 millones de euros- un 3,2% más que en el ejercicio anterior- mientras que que el déficit público se estima en 2.600 millones de euros, el equivalente al 6,7% del PIB nacional.

Tras dos años de estancamiento económico debido a la crisis sanitaria, Túnez espera alcanzar un crecimiento del 2,6% y cerrar un nuevo crédito- el cuarto durante la última década- con el FMI para hacer frente a una deuda exterior de 30.000 millones de euros, el triple que una década antes y que representa el 100% de su PIB.

Desde que el pasado 25 de julio el presidente de la República, Kais Said, decretase el estado de excepción -que incluyó el cese del primer ministro y la suspensión de la Asamblea-, ha congelado la casi totalidad de la Constitución de 2014 y se ha hecho con plenos poderes para "recuperar la paz social".

Una decisión que ha sido calificada por la mayoría de partidos políticos como "golpe de Estado", mientras otros consideran que se trata de una "rectificación" de la revolución de 2011 que puso fin a las dos décadas del régimen autócrata de Zin El Abidine Ben Ali. EFE

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