Uagadugú, 14 ene (EFE).- El número de arrestos en Burkina Faso ha aumentado de ocho a quince (diez soldados y cinco civiles) en relación con un supuesto intento de golpe de Estado, según informaron las autoridades del país africano.

Los detenidos fueron puestos a disposición de un tribunal militar de Uagadugú, la capital burkinesa, explicó el ministro de las Fuerzas Armadas, general Aimé Barthélemy Simporé, en declaraciones recogidas hoy por el medio local Sidwaya.

Tras las primeras audiencias judiciales sobre el caso, tres detenidos -dos civiles y un soldado- han sido liberados, por lo que doce personas continúan en prisión preventiva.

Los diez soldados detenidos son dos oficiales, siete suboficiales y un alto mando militar.

"Esta acción judicial, decidida por el fiscal militar, se produce tras una denuncia de militares que habrían sido contactados por un grupo de individuos para que se unieran a ellos para llevar a cabo acciones de desestabilización contra las instituciones del Estado", declaró este jueves en una rueda de prensa el portavoz del Gobierno, Alkassoum Maïga.

El pasado 11 de enero, la fiscalía militar de Uagadugú emitió un comunicado anunciando la detención de ocho militares que planeaban un "proyecto de desestabilización de las instituciones de la República".

Burkina Faso sufrió un golpe de Estado en septiembre de 2015, cuando el país pasaba por una etapa de transición después de que el 31 de octubre de 2014 el presidente desde hacía 27 años, Blaise Compaoré, dimitiera tras días de protestas masivas contra su intento de modificar la Constitución para mantenerse más tiempo en el poder.

En septiembre de 2019, los generales Djibril Bassolé y Gilbert Diendéré, los dos cerebros de ese golpe, fueron condenados respectivamente a 10 y 20 años de prisión por un tribunal militar de Uagadugú.

También se sentenció a la mayoría de las otras 82 personas juzgadas, con penas entre dos y veinte años de cárcel, por participar en el intento de golpe de Estado.

El anuncio de esta última supuesta intentona golpista tiene lugar en un momento de escalada de tensión social en Burkina Faso, donde la sociedad civil se movilizó el pasado 27 de noviembre y espera volver a hacerlo el próximo 22 de enero contra la inseguridad yihadista y para pedir la dimisión del presidente del país, Roch Marc Christian Kaboré.

El punto de inflexión del descontento social en este país, que sufre el yihadismo desde 2015, fue un ataque el pasado 14 de noviembre en el norte del país en el que murieron 49 gendarmes y 4 civiles y que llevó a Kaboré a destituir a su primer ministro y al resto del Gobierno a principios de diciembre, así como a algunos altos cargos militares.

Los ataques yihadistas en Burkina Faso suelen atribuirse a grupos afiliados tanto a la red terrorista Al Qaeda como a la organización Estado Islámico (EI), especialmente en la región norteña del Sahel, pero se ha expandido a regiones vecinas y, desde 2018, al este del país.

La inseguridad ha ocasionado que el número de desplazados internos ascienda ya a 1,5 millones de personas, según datos del Gobierno burkinés. EFE

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