Madrid, 22 feb (EFE).- La Sala de Gobierno de Supremo ha solicitado a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que adopte "medidas urgentes" para "hacer frente a la elevada carga de trabajo del tribunal", con 12 vacantes de magistrados por la situación derivada del CGPJ, bloqueado y sin poder hacer nombramientos.

En la reunión, presidida por el presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, la Sala de Gobierno ha expresado su preocupación por la no renovación del Consejo, pero ha subrayado que "existen otros planos de preocupación de extraordinaria importancia", ajenos a esta situación, que se están prolongando en el tiempo, según informa el órgano de gobierno de los jueces en un comunicado.

Así, el Supremo ha centrado la reunión en cuestiones sobre el personal y reformas legislativas para "hacer frente a la elevada carga de trabajo del tribunal", con una plantilla de magistrados un 14 por ciento inferior a la prevista y que será del 20 por ciento el próximo octubre, cuando las vacantes pasen de las 12 actuales a 16.

Según la nota, "esta situación hace que el funcionamiento del tribunal se vea gravemente mermado" pese al nombramiento hace meses de doce letrados para reforzar el Gabinete Técnico con el fin de prestar apoyo en las tareas de admisión e inadmisión, incidentes de nulidad, quejas, etcétera, que supone el 90 por ciento del trabajo del Supremo.

Cada Sala ha aprovechado la ocasión para plantear a Llop sus peticiones, que no solo derivan de las vacantes, un problema que golpea principalmente a la Sala de lo Contencioso Administrativo, ya sin seis de sus magistrados, que serán 8 en los próximos meses.

Al margen de esta problemática, esta Sala ha solicitado la creación de una nueva secretaría y tres letrados más ante la litigiosidad masiva que se prevé con los recursos de la pandemia.

Igual de delicada es la situación en la Sala de lo Social, con tres vacantes a las que se añadirán dos más próximamente por jubilaciones -incluida su presidenta, María Luisa Segoviano, lo que dejaría la plantilla con solo 8 magistrados de 13.

Ello tendría como consecuencia la drástica reducción del número de sentencias y el consiguiente incremento de la pendencia, por lo que pide cuatro letrados y dos funcionarios de apoyo.

También advierte de un problema similar la Sala de lo Militar, con dos vacantes de un total de ocho magistrados cuando cuenta con un 43,85 por ciento más de carga de trabajo en los últimos dos años; como ocurre en la Sala de lo Civil, con una vacante, que ha aumentado su carga un 42,5 por ciento en el último año.

Sin vacantes, la Sala de lo Penal ha explicado que ha tenido un repunte de un 27 por ciento respecto a 2019 y 2020 aunque su mayor problema es la tasa de interinidad de la plantilla de funcionarios.

LLop ha manifestado a los medios que en estos planteamientos por Sala "se estaba mezclando lo que es el funcionamiento normal del Supremo de lo que es el impacto que genera la falta de renovación del consejo porque no se pueden nombrar las vacantes", lo que "evidentemente, produce un retraso injustificado".

Tras escuchar todas estas peticiones, LLop ha solicitado un informe en que se disocie los problemas ordinarios del tribunal de las carencias que afectan al funcionamiento del Supremo por la falta de renovación del órgano de gobierno de los jueces.

Por ello, ha apelado una vez más al PP a que "salga de ese momento en el que está únicamente mirando por sus propios intereses, con esas situaciones de enfrentamientos internos, y que mire con sentido de Estado por la renovación del órgano de gobierno".

Al margen de los asuntos de personal, la Sala de Gobierno ha planteado varias reformas legislativas como solución a algunos de sus problemas, como la reforma de la casación civil y penal; la reforma de la regulación recurso de casación en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa así como la instauración de la doble instancia penal militar. EFE

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