Túnez, 22 dic (EFE).- Túnez exigirá a partir de este miércoles el pasaporte COVID obligatorio para aquellos ciudadanos mayores de 18 años que deseen acceder a espacios cerrados, ya sean públicos o privados, para tratar de acelerar la campaña de vacunación que ha inmunizado al completo a 5 de los 12 millones de tunecinos.

Decretada dos meses antes por el presidente de la República, Kais Said, esta medida se aplicará también a los empleados de la administración pública y parte del sector privado que, en ausencia de este certificado, podrían recibir sanciones disciplinarias, incluyendo la suspensión de su puesto de trabajo sin derecho a indemnización.

En el caso de la hostelería, que ha mostrado su desacuerdo al considerar que afectará a su rendimiento de trabajo, los locales que incumplan la normativa podrán ser sancionados con hasta 15 días de cierre.

Medio centenar de personas se manifestaron este miércoles en el centro de la capital a la llamada de la "Coordinadora Anti-pasaporte COVID" para protestar contra esta medida, que juzgan "liberticida" y que agravará aún más la precariedad de los trabajadores.

Uno de ellos, Walid Ben Touhami, funcionario y contrario a la vacuna, relató a Efe haber sido rechazado a la entrada de su trabajo y aseguró: "Asumo las consecuencias de mi decisión, a riesgo de perder el trabajo, porque lo importante es mi salud y la de mi familia".

"He intentado ir al banco a retirar mi pensión y me dicen que no puedo porque no tengo el pasaporte, pero la página no funciona y yo tengo que pagar facturas. ¿Qué se supone que debemos hacer las personas mayores?", se lamentó Najiba, una jubilada que acaba de recibir su tercera dosis de refuerzo.

La plataforma digital "EVAX", para inscribirse de manera voluntaria y gratuita en la campaña de vacunación, sufrió en los últimos días un fallo técnico debido a la saturación de visitas, así como un ataque cibernético, informaron hoy las autoridades.

El director del Centro de Informática del Ministerio de Sanidad, Lotfi Allani, reveló a la prensa local la existencia de pases sanitarios falsificados y vendidos en internet a un precio de 30 dinares (equivalente a 9 euros).

La ONG Amnistía Internacional denunció ayer en un comunicado de prensa que el pasaporte COVID viola los derechos laborales y la libertad de movimiento y mostró su preocupación ante "la manera irracional en la que puede perjudicar los medios de subsistencia de las personas sancionadas y sus familias, especialmente cuando Túnez sufre una grave crisis económica".

A principio de diciembre, tras la aparición del primer y único caso oficial de la variante ómicron, las autoridades endurecieron las condiciones de entrada en el país, principalmente para las personas extranjeras no residentes y sin vacunar que deben presentar un PCR negativo de menos de 24 horas y respetar un aislamiento obligatorio durante diez días en los establecimientos seleccionados por el Estado.

Mientras, para aquellos viajeros inmunizados se reduce de 72 a 48 horas la validez de los test.

Debido a su precario sistema de sanidad pública, la falta de recursos y la penuria mundial de vacunas, el gobierno hizo un llamamiento el pasado mes de julio a la comunidad internacional y desde entonces ha recibido más de siete millones de dosis, además de material médico, gracias a las donaciones de una decena de países, como España, Francia, Arabia Saudí y China.

Desde el comienzo de la crisis sanitaria, Túnez ha registrado cerca de 720.000 contagios y un total de 25.485 decesos. EFE

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