La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, ha iniciado una visita oficial a El Salvador con el objetivo de estudiar y eventualmente implementar el enfoque de mano dura promovido por el presidente Nayib Bukele contra las pandillas y el crimen organizado. Su interés se centra en comprender profundamente el llamado "Modelo Bukele", que ha transformado radicalmente la seguridad en el país centroamericano.

Durante su recorrido por El Salvador, Bullrich ha expresado su admiración por los resultados obtenidos bajo este modelo, destacando la reducción significativa de los índices delictivos y el retorno de la tranquilidad a las comunidades salvadoreñas. En sus palabras, recogidas durante la visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una instalación emblemática del régimen de seguridad, afirmó: "De un país asolado por la violencia y el narcotráfico, hemos visto surgir uno de los más seguros del mundo. Este es el camino: ser duros contra los criminales y devolver la libertad a los ciudadanos de bien".

El ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, acompañó a Bullrich en su inspección del CECOT, subrayando la efectividad del "Modelo Bukele". "Es un verdadero placer recibir a la ministra Bullrich en nuestro país. Estoy seguro de que esta visita será sumamente enriquecedora para ambos países", comentó Villatoro.

El gobierno argentino, a través de un comunicado oficial, ha explicado que la visita de Bullrich tiene como objetivo entender a fondo la estructura que ha permitido la significativa reducción del delito en El Salvador. Antes de la implementación de estas políticas, Bukele tuvo que negociar acuerdos con líderes de las pandillas, una estrategia que ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos civiles debido a las detenciones sin orden judicial.

El "Modelo Bukele" ha sido controversial por sus métodos visibles y a veces drásticos, como la exhibición pública de reclusos y la demolición de tumbas de pandilleros en cementerios. Aunque ha suscitado críticas, especialmente de grupos defensores de derechos humanos, las encuestas indican que la mayoría de la población salvadoreña apoya estas medidas por el retorno de la seguridad perdida.