Un contundente informe del secretario del Ayuntamiento de El Astillero puede hacer tambalear la cómoda legislatura que el alcalde, Javier Fernández Soberón (Ciudadanos), mantiene desde la mayoría absoluta lograda en las pasadas elecciones.

El informe señala directamente al alcalde por supuestamente haber manipulado un documento oficial para ocultar que un trabajador del consistorio, quien recibió una pensión por incapacidad total, continuó recibiendo su salario por casi veinte meses.

Este trabajador, a quien se le concedió la incapacidad en 2022, había solicitado un cambio de puesto para compatibilizar su situación con el cobro de la pensión, solicitud que aparentemente nunca se resolvió formalmente.

El documento del secretario revela que no existe ninguna resolución administrativa que avale su nuevo rol en el ayuntamiento, pese a lo cual siguió percibiendo su nómina.

La situación se complica aún más con la denuncia de que se «borró» la palabra ‘ilegalidad’ del informe del secretario, acción que habría sido realizada en una plataforma digital a la que los políticos, según normativa, no deberían tener acceso.

Esto, según el secretario, se hizo con la intención de «ocultar información y simular la legalidad del asunto». La revelación ha provocado una inmediata reacción tanto en la oposición como entre los ciudadanos de El Astillero. La concejal socialista, Judith Pérez, que tuvo acceso al expediente hace aproximadamente un mes, ha exigido explicaciones públicas al alcalde y ha solicitado la apertura de una investigación exhaustiva.

Esther Arroyo, presidenta de la Junta de Personal del ayuntamiento, corroboró que los sindicatos habían estado alertando sobre estas irregularidades desde 2022 sin recibir la documentación necesaria para verificar la situación del trabajador implicado. Este caso destaca los desafíos en la administración de recursos públicos y la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo del dinero y los empleos públicos. Ahora, con la atención pública centrada en este asunto, se espera que el Ayuntamiento de El Astillero tome medidas para clarificar y resolver las acusaciones de malversación y encubrimiento.

En respuesta a estas graves acusaciones, el equipo de Gobierno de El Astillero ha rechazado las interpretaciones del PSOE como un intento de «crear una especie de conspiración», asegurando que tienen documentación que refuta las acusaciones.

Asimismo, han anunciado que están evaluando acciones judiciales para proteger el honor del alcalde y clarificar los hechos.

Así, desde el Gobierno municipal han censurado «esta manera de hacer política y oposición basada en tergiversar determinados hechos para hacer unos ataques personales falsos tan duros».

En declaraciones a los medios, fuentes municipales han explicado que el trabajador fue recolocado en 2022, dentro del mismo departamento pero con otras funciones, cuando lo solicitó tras recibir la incapacidad total. «Este Gobierno sufrió numerosas acusaciones por parte de la oposición en la pasada legislatura y, pese a ello, nunca nos desviamos de nuestra principal preocupación, que era trabajar por nuestro pueblo», ha señalado.

El Ejecutivo local ha trasladado su «asombro» ante tales «acusaciones», cuyas afirmaciones, ha asegurado, «no se corresponden con la realidad de los hechos», y ha aseverado que cuenta con «documentación que desmiente dichas interpretaciones acusatorias».

Asimismo, ha avanzado que va a proceder a valorar «cuantas acciones judiciales sean necesarias para salvaguardar el honor del alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón».