El Gobierno, destinatario de una cuantiosa partida de fondos europeos, ha empleado más de 8.000 millones de euros de los recursos proporcionados por el Next Generation EU, también conocido como Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, para financiar diversas asignaciones, transferencias sociales y gastos operativos en el período comprendido entre 2021 y 2023. Esta revelación surge a raíz de un informe emitido por el Instituto Juan de Mariana, el cual ha llamado la atención sobre las posibles implicaciones de este uso de los fondos europeos.

En sus advertencias, el Instituto destaca que el reglamento de los fondos europeos contiene hasta tres disposiciones orientadas a prevenir y evitar el desvío de estos recursos hacia gastos no previstos. Subraya además que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha previsto que una considerable porción de los 80.000 millones de euros que España recibirá como ayudas a fondo perdido podrían destinarse a este tipo de gastos, con un potencial de hasta 37.000 millones de euros.

El análisis del Instituto Juan de Mariana revela que estos gastos, financiados mediante transferencias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, han sido detallados por el Gobierno en su Plan Presupuestario para el año 2024, con asignaciones de 2.979 millones de euros en 2021, 2.854 millones en 2022 y 2.406 millones en 2023. Sin embargo, señalan una falta de transparencia en el desglose de estas partidas, lo cual podría contravenir las normativas del programa Next Generation EU y plantear riesgos fiscales a futuro.

El Instituto también resalta que esta práctica podría acarrear consecuencias negativas a largo plazo, ya que los recursos destinados a estos gastos desaparecerán una vez agotados los fondos europeos, lo que obligaría a considerar aumentos impositivos para mantener estas partidas presupuestarias.

En cuanto al impacto de estos fondos en la economía, el informe del Instituto indica que ha sido menor de lo anticipado, citando estimaciones gubernamentales que sugieren un impacto del programa Next Generation EU de 2,5 puntos en el PIB, contrastando con la evaluación del Banco de España que lo sitúa en apenas 0,5 puntos, cinco veces menor.

El Tribunal de Cuentas Europeo también ha puesto el foco en la gestión de estos fondos, identificando problemas de regularidad en varios hitos cumplidos en España en el ejercicio 2022. Esto incluye la subvencionabilidad de ciertas acciones, como el caso de un proyecto de divulgación de información empresarial, que, según el Tribunal, podría representar una sustitución del gasto presupuestario nacional ordinario.