La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) llevará a cabo una investigación sobre los dos contratos supuestamente amañados que fueron revelados por THE OBJECTIVE durante esta semana. Según fuentes jurídicas, este órgano es responsable del control interno del sector público estatal y de la gestión de la contabilidad pública. La investigación buscará que la compañía pública ADIF brinde explicaciones sobre los dos contratos que afectan a los tramos de Los Rosales-Zafra y Villanueva de la Serena y Brazatortas, con un valor total de 48 millones de euros, financiados a través de fondos europeos.

La IGAE tiene la responsabilidad de verificar el control financiero permanente, realizar auditorías públicas y supervisar el control financiero de subvenciones. También se asegura de que la actividad económica y financiera del sector público estatal cumpla con los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia. Además de la IGAE, la Fiscalía Anticorrupción podría abrir diligencias tras la información publicada.

El presidente de ADIF, Ángel Contreras, ha anticipado su defensa y ha cerrado posibles contingencias surgidas tras las revelaciones. Según la versión oficial tanto de Contreras como de la compañía, se realizó una investigación interna sobre la gestión del expediente y se concluyó que no había indicios de actividad ilícita, incumplimiento o irregularidad que requirieran medidas correctivas, por lo que se archivó el expediente.

Sin embargo, la capacidad de la IGAE para restringir a las empresas públicas es limitada, como se demostró en el caso anterior de ADIF en 2023. En esa ocasión, ADIF cerró una investigación interna sobre presuntas irregularidades en contratos con la compañía OPR, a pesar de las anomalías detectadas por peritos de Ineco, una empresa del Ministerio de Transportes. En este caso actual, las supuestas prácticas fraudulentas involucran a ADIF y a Contreras, quien cuenta con el respaldo del actual ministro de Transportes, Óscar Puente.

Los contratos en cuestión afectan a la mejora de la señalización en el tramo ferroviario entre Los Rosales y Zafra, así como a las obras de construcción ferroviaria en el tramo de Villanueva de la Serena y Brazatortas. Ambos contratos fueron adjudicados a una unión temporal de empresas por un total de 48 millones de euros, financiados por fondos europeos. Los mensajes revelados indican posibles irregularidades en la asignación de puntos durante el proceso de licitación, lo que sugiere un posible amaño en la selección de los contratistas.