El Parlamento de Cataluña se encuentra en el umbral de una transformación significativa tras el acuerdo alcanzado entre el PSC, Junts y ERC para modificar su reglamento y facilitar el voto a distancia de los diputados que residen en el extranjero, entre ellos Carles Puigdemont y Lluís Puig. Este pacto, sellado con el apoyo adicional de los comunes y la CUP, garantiza la mayoría parlamentaria necesaria para impulsar la reforma, que había sido objeto de intensos debates y controversias.

La decisión se produce apenas diez días después de que el Tribunal Constitucional admitiera a trámite el recurso del Partido Popular contra la decisión de la Mesa de Edad del Parlament de permitir el voto delegado de Puigdemont y Puig. Este movimiento había sido clave para constituir la cámara y elegir a sus miembros. La nueva reforma pretende formalizar y ampliar las condiciones para la delegación del voto, abarcando situaciones de residencia en el extranjero.

Un cambio estratégico para el independentismo

Josep Rull, presidente de la Mesa del Parlament, ha subrayado la urgencia de esta reforma, destacando que su objetivo prioritario es garantizar que los parlamentarios huidos de la justicia española puedan participar en las votaciones de manera telemática. Este ajuste del reglamento se plantea como una respuesta directa al recurso del PP y busca sortear los impedimentos legales impuestos por el Tribunal Constitucional.

Además del voto a distancia, la reforma incluye otros cambios significativos, como la adopción del método de conformación de grupos parlamentarios ya utilizado en el Congreso de los Diputados y la exigencia de una mayoría cualificada de dos tercios para la aprobación de declaraciones institucionales.

La aprobación de cualquier modificación del reglamento del Parlament requiere una mayoría absoluta, un umbral que el independentismo, junto con los comunes, no alcanzaba por sí solo tras perder la mayoría parlamentaria por primera vez desde el inicio del procés. La inclusión del PSC en el pacto ha sido, por tanto, crucial. Este movimiento marca un giro estratégico para el PSC, que previamente había recurrido ante el Constitucional el voto delegado de Lluís Puig en la legislatura anterior.

Fuentes parlamentarias destacan que la redacción del nuevo reglamento buscará mantener una ambigüedad calculada para permitir la aceptación de votos telemáticos o delegados, más allá de los supuestos de baja médica o maternidad ya contemplados. Este margen de maniobra es visto como esencial para asegurar la operatividad del Parlament, aunque se anticipa que podría enfrentar futuras impugnaciones judiciales.

Con este acuerdo, PSC, Junts y ERC no solo desafían al Tribunal Constitucional, sino que también abren una nueva etapa en la política catalana, en la que la colaboración entre fuerzas tradicionalmente enfrentadas se convierte en una herramienta esencial para la gobernabilidad y la adaptación a nuevas realidades legislativas.