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POLÍTICA

Un año de cambios y tensiones en la política española

Doce meses de decisiones políticas y controversias han marcado la última legislatura, evidenciando un abuso de poder y reinterpretación de la Constitución, con pactos significativos como la Ley de Amnistía y acuerdos con partidos independentistas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Diego Radamés
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Diego Radamés
Un año de cambios y tensiones en la política española

En los últimos doce meses, desde las elecciones generales, ha habido una serie de eventos significativos que han transformado el panorama político español. Durante este periodo, se han observado prácticas como la instrumentalización de las instituciones, el abuso de poder y una reinterpretación de la Constitución. Con el curso político llegando a su fin, persisten preguntas sobre el futuro inmediato: ¿Logrará Salvador Illa un acuerdo con ERC?, ¿se repetirán las elecciones en Cataluña el 13 de octubre?, ¿Pedro Sánchez aprovechará esta coyuntura para convocar elecciones generales? A medida que estas incertidumbres se resuelven, una mirada retrospectiva revela que la legislatura no ha sido ordinaria. Así lo ha publicado El Debate en un análisis. 

Agosto
El 17 de agosto se celebró la sesión constitutiva de las Cortes. Para que ERC y Junts apoyaran a Francina Armengol, del PSOE, como presidenta del Congreso, se acordó permitir el uso del catalán, euskera y gallego en todas las actividades de la Cámara Baja. Para esto, se reformó el Reglamento del Congreso. El 19 de agosto, El País tituló: "Sánchez asume que debe buscar un alivio penal al 'procés'", revelando el comienzo encubierto de la amnistía.

Septiembre
El 4 de septiembre, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, visitó a un prófugo en Bruselas. El 14, el PSOE expulsó a Nicolás Redondo Terreros, exsecretario general del PSE, por "reiterado menosprecio" a las siglas. Felipe González y Alfonso Guerra no han sido objeto de medidas similares.

Octubre
El 3 de octubre, el Rey encargó la investidura a Pedro Sánchez, quien solo presentó 121 votos. Cuatro de sus socios, ERC, Bildu, Junts y el BNG, no acudieron a la Zarzuela. La presidenta del Congreso tardó 40 días en convocar el Pleno de investidura, tiempo necesario para cerrar un acuerdo con Puigdemont y otros socios. El 30 de octubre, el pacto se visualizó con una fotografía del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con Puigdemont en el Parlamento Europeo.

Noviembre
Durante los primeros diez días del mes, los socialistas dieron a conocer sus acuerdos de investidura, excepto el firmado con Bildu. Un mes después, Bildu recibió la Alcaldía de Pamplona mediante una moción de censura. Sánchez se fotografió con los portavoces de Bildu en el Congreso y el Senado. El pacto con ERC incluyó una reducción de 15.000 millones de la deuda catalana con el Fondo de Liquidez Autonómico. Junts, por su parte, dejó claro que quería un referéndum de autodeterminación basado en el artículo 92 de la Constitución. El 13 de noviembre, el PSOE presentó en el Congreso la proposición orgánica de la ley de amnistía, la cual se modificaría para incluir malversación y terrorismo.

Diciembre
Álvaro García Ortiz comenzó su segunda etapa como fiscal general del Estado, tras ser confirmado por el Gobierno en noviembre. La primera polémica surgió cuando el Tribunal Supremo anuló el ascenso de Dolores Delgado como fiscal de Sala por "desviación de poder". García Ortiz podría ser imputado por ordenar la difusión de datos personales del novio de Isabel Díaz Ayuso. El lunes pasado, Sánchez mostró "todo el apoyo" del Ejecutivo a García Ortiz.

Enero
El Gobierno salvó la convalidación de dos de sus tres primeros decretos ley de la legislatura comprometiéndose con Junts a ceder competencias migratorias a Cataluña. En ese mes, los socialistas introdujeron el concepto de "terrorismo light" para amnistiar a los CDR y los encausados en Tsunami Democràtic. Junts rechazó la ley de amnistía en el Pleno, forzando al PSOE a negociar una redacción más permisiva.

Febrero
El 21 de febrero estalló el primer gran caso de corrupción del Gobierno de Sánchez con la detención de Koldo García, exmano derecha del exministro José Luis Ábalos. El caso Koldo se transformó en el caso Ábalos y luego en el caso PSOE, con implicaciones en varios ministerios y gobiernos regionales. A finales de mes surgieron informaciones sobre los movimientos de Begoña Gómez y su relación con empresas que recibieron ayudas públicas.

Marzo
El 13 de marzo, Pere Aragonès adelantó las elecciones catalanas, y el Gobierno reaccionó renunciando a presentar los Presupuestos Generales de 2024. Los socialistas pasaron de destacar la importancia de unas cuentas públicas actualizadas a restar importancia a prorrogar las del año anterior.

Abril
El 24 de abril, el juez instructor del caso Begoña, Juan Carlos Peinado, abrió diligencias contra la mujer del presidente por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción. Ese día, Sánchez anunció que necesitaba reflexionar. Se supo que Sánchez conocía la imputación de su esposa, pero lo ocultó. Al regresar de su retiro, señaló que aquello era "un punto y aparte". El 17 de julio presentará en el Congreso su "plan de calidad democrática".

Mayo
La Junta Electoral Central abrió un expediente al presidente del CIS, José Félix Tezanos, por una encuesta flash sobre la carta de Sánchez en plena campaña catalana. En mayo también se aprobó definitivamente la ley de amnistía por 177 votos a favor y 172 en contra. El Gobierno decidió posponer su publicación en el BOE hasta después de las elecciones europeas del 9 de junio.

Junio
El 4 de junio, Begoña Gómez fue citada a declarar como imputada. Sánchez escribió una segunda carta a los españoles, convirtiendo las elecciones europeas en un plebiscito sobre su esposa. El presidente se presentó con ella en un mitin en Benalmádena. Anticipó el fallo del Tribunal Constitucional sobre Magdalena Álvarez. En junio, los socialistas modificaron la ley de paridad para cambiar la ley de estabilidad presupuestaria, quitando al Senado su capacidad de vetar los objetivos de deuda y déficit. También negociaron con ERC una "financiación singular" para Cataluña.

Julio
El mes comenzó con una decisión del Supremo de no aplicar la amnistía a siete cabecillas del procés. El Gobierno respondió: "El texto de la ley es muy claro y la voluntad del legislador también. Los jueces deben aplicar la ley". Además, se produjo la declaración como imputada de la esposa del presidente.

 

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