La Fiscalía de Cataluña pide la amnistía para los líderes del 1-O
La Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido al TSJ catalán que aplique la amnistía a Josep María Jové y Lluís Salvadó (ERC), quienes son considerados los cerebros del 1-O y estrechos colaboradores de Oriol Junqueras en el Govern en 2017. También se ha solicitado la amnistía para la consejera de Cultura Natàlia Garriga por su implicación en los preparativos del referéndum ilegal. Los dos primeros están acusados de malversación y prevaricación, y su juicio aún no ha comenzado tras el último aplazamiento por las elecciones del 12 de mayo.
El Ministerio Público sigue la orden del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y pide la amnistía para Jové y Salvadó. No obstante, matiza que lo hace "en estricta aplicación de los principios instrumentales de unidad de actuación y de dependencia jerárquica" con los que funciona la Fiscalía y "en el bien entendido" que "se encuentran subordinados a los valores superiores de respeto a la legalidad e imparcialidad, que constituyen el núcleo esencial de la función constitucional de este Ministerio y que rigen su actuación ante los tribunales".
El teniente fiscal de la Fiscalía Superior catalana, Pedro Ariche, expone en su escrito que no puede abordarse la petición de amnistía "desde una perspectiva meramente individualista", sino que su posicionamiento debe ser "consecuencia" de una "respuesta integral de esta Institución (...) sujeta a la de la causa del procés en el Supremo". Es decir, si el fiscal general Álvaro García Ortiz ordenó amnistiar la malversación del 1-O, también hay que exonerar a Jové y Salvadó.
La Fiscalía presentó hace 16 meses -en febrero de 2023- el escrito de acusación contra los colaboradores de Oriol Junqueras en 2017: reclamó siete años de cárcel y multa de 30.000 euros para el ex responsable de Economía de la Generalitat durante el 1-O, Josep Maria Jové, actual diputado de ERC, y seis años y tres meses de prisión más 24.000 euros de multa para el ex secretario general de Hacienda Lluís Salvadó, actual presidente del Puerto de Barcelona, por los delitos de prevaricación, desobediencia y malversación.
El Ministerio Público también pidió sentar en el banquillo a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga por desobediencia grave, enfrentándose a una multa de 18.000 euros y un año de inhabilitación para ocupar un cargo público.
El pasado mes de mayo, la Sala Civil y Penal del TSJC señaló el juicio oral para octubre y noviembre de este año contra los tres cargos de ERC por los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos y, en el caso de Garriga, también por el de desobediencia grave a la autoridad.
LOS CEREBROS DEL 1-O
Los tres formaban parte del núcleo duro del presidente de ERC en la Generalitat en 2017, durante los prolegómenos del 1-O y de las llamadas leyes de desconexión aprobadas en el Parlament.
El fiscal atribuye a Jové el documento Enfocats, que era "una propuesta estratégica dirigida a reenfocar el proceso de independencia para un resultado exitoso" y en el que indagaba sobre una declaración unilateral de independencia. Según la juez instructora, Jové era dueño de una Moleskine en la que se anotó minuciosamente cada nuevo paso hacia la "desconexión", "conoció y autorizó determinados gastos para llevar a cabo el referéndum ilegal" en una cantidad superior a los 2,1 millones ostentando el cargo de secretario General del Departamento de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat.
Mientras que Salvadó gastó más de 1,2 millones en la planificación de la Hacienda catalana, o dicho en palabras de la magistrada, en el programa con el que se proponía "conseguir el control de los impuestos estatales y de las cotizaciones sociales provenientes de las instituciones públicas autonómicas e información fiscal de los contribuyentes".