La Unidad Central Operativa (UCO) ha descubierto que Juan Carlos Martínez, empresario y esposo de la exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez, mantuvo contactos con Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, con el propósito de obtener fondos europeos para un consorcio de empresas que Martínez recomendaba. Esta información se ha dado a conocer a través de nuevas investigaciones publicadas por El Debate, que están siendo llevadas a cabo por la UCO bajo la dirección de la Audiencia Nacional.

En el curso de la investigación, los agentes han interceptado dos mensajes en los que Martínez solicitaba ayuda a García para favorecer a un consorcio de empresas del sector tecnológico, liderado por Fagor. En uno de los mensajes, fechado el 16 de febrero de 2021, Martínez pidió a García que intercediera para que el consorcio obtuviera fondos públicos. Para tal propósito, Martínez envió al asesor el formulario que la empresa había presentado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para solicitar oficialmente la ayuda.

La empresa en cuestión, que proponía el desarrollo de un proyecto denominado Sictran, solicitó una ayuda de 51 millones de euros. Este proyecto tenía como objetivo implementar tecnología de carburo de silicio en la cadena de valor de una fábrica. Martínez, que aparece en los correos interceptados por la UCO, reenvió a García detalles de una reunión que había mantenido con Fagor y Doit Development, una consultora contratada para asegurar la obtención de las ayudas. En el correo, Martínez escribió: "Tú me dices cuándo vamos a verlo. Gracias". Mientras Fagor niega cualquier relación con Martínez, el director de Doit, Ramón Gil Almansa, reconoce su intervención, aunque no aclara en qué calidad participó.

La investigación también ha revelado que en el momento en que Martínez pidió esta ayuda, su esposa, María Gámez, estaba al frente de la Guardia Civil y mantenía una relación cercana con Ábalos. Esta conexión es relevante, ya que en otro correo electrónico, fechado el 19 de enero de 2021, Martínez solicitó a García que facilitara un encuentro entre un responsable de Adif y un representante de Andreu Belenguer, un estudio de diseño que aspiraba a un contrato con Renfe para la renovación de los separadores de los asientos de los trenes Talgo. En el correo, Martínez escribió: "Querido Koldo, échale un vistazo a este archivo y dime si es posible que se puedan entrevistar con algún responsable de Renfe. Me parece un tema que puede ser muy interesante. Un abrazo fuerte". Actualmente, la UCO está analizando si las gestiones solicitadas por Martínez resultaron fructíferas y por qué recurría al asesor de Ábalos para beneficiar a empresas privadas.

En marzo de 2023, María Gámez dimitió de su cargo como directora de la Guardia Civil después de que su marido fuera imputado en el "caso Santana Motor", relacionado con los ERE de Andalucía, por delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. No obstante, debido a un error procesal, la causa contra Martínez fue archivada. A pesar de ello, surgieron numerosas irregularidades en el proceso, como la adquisición de un significativo patrimonio inmobiliario por parte de Gámez y su marido durante el tiempo en que él estaba vinculado a la red de los ERE.

Según informes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), Gámez y su esposo adquirieron seis inmuebles mientras él estaba implicado en la trama andaluza de los ERE, de la cual desaparecieron 36 millones de euros. Entre estos inmuebles destaca un ático dúplex en Málaga valorado en un millón de euros. Durante su dimisión, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elogió a Gámez, calificándola como "la mejor directora que había tenido la Guardia Civil en sus 178 años de historia", a pesar de que su renuncia estuvo motivada por la implicación de su esposo en una trama de corrupción.

En total, Gámez y su marido adquirieron cinco inmuebles durante el tiempo en que él recibía ingresos procedentes de los ERE. Estos incluyen un ático en Málaga, un piso en el barrio de Salamanca en Madrid, y tres apartamentos adicionales en Málaga, con un valor de mercado estimado en 2,7 millones de euros. Sin embargo, Gámez solo declaró tener bienes inmuebles valorados en 168.000 euros durante su última etapa en el gobierno. Las compras se realizaron conjuntamente con su marido a través de la sociedad Job Management Liberty SL, una entidad central en la trama de los ERE.