En un decisivo y ejemplar ejercicio de democracia, el Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado 97 de las 120 propuestas de resolución presentadas en el primer Debate sobre el Estado de la Región de la legislatura, alcanzando un notable 80% de éxito. De estas, 30 corresponden al Partido Popular, mientras que las restantes fueron propuestas por los tres grupos de la oposición, algunas de ellas consensuadas con los populares.

Los cuatro grupos de la Cámara presentaron 30 iniciativas cada uno, el límite acordado. Destacamos que el Partido Popular logró la aprobación de todas sus propuestas, evidenciando una notable capacidad de diálogo y consenso, esencial en su situación de gobierno en minoría.

De las iniciativas del PRC y Vox, se aprobaron 23 de cada grupo. En el caso del PRC, cinco fueron transaccionadas con el PP, y siete de las de Vox también. Por su parte, el PSOE consiguió la aprobación de 21 de sus iniciativas, ninguna de ellas transaccionada.

En total, se aprobó un 74% de las propuestas de la oposición (67 de 90), de las cuales 29 recibieron unanimidad, reflejando un espíritu colaborativo entre los partidos. Estas propuestas unánimes incluyen temas cruciales como la financiación autonómica basada en el coste efectivo de los servicios, la protección de consultorios rurales, mejoras en infraestructuras sanitarias, impulso al sector primario y la reactivación industrial en las comarcas del Besaya y Campoo.

Otras iniciativas unánimes incluyen la instalación de placas fotovoltaicas en edificios públicos, la dotación de medios a oficinas comarcales, la negociación de más rutas para el aeropuerto Seve Ballesteros, la protección de espacios naturales sensibles, el fortalecimiento de la escuela rural y la simplificación de trámites de la PAC. También se ha acordado mejorar la transparencia del Ejecutivo, implantar ayudas para el transporte profesional y para jóvenes en el mercado de la vivienda, y reducir los plazos para el reconocimiento de la discapacidad.

Las propuestas del PP se dividen en dos bloques: reivindicaciones al Gobierno de España y medidas para consolidar los proyectos anunciados por la presidenta regional. Entre las demandas al Ejecutivo central se encuentran la exclusión del lobo del LESPRE, el cumplimiento de compromisos con la estación intermodal de La Pasiega y la ampliación de la Central Hidroeléctrica de Aguayo, la autorización urgente del trasvase de agua del Pantano del Ebro a Cantabria y el respeto a la agenda de inversiones en infraestructuras.

Además, el PP rechaza cualquier cambio en el sistema de financiación autonómica que favorezca a Cataluña y condone su deuda, posicionándose firmemente por la equidad territorial.

Respecto al Gobierno de Cantabria, el PP busca la aprobación de la Ley de Simplificación Administrativa antes de septiembre, la remisión de una Ley de Vivienda en 2025, la regulación de viviendas turísticas en 2024, y la tramitación del Plan Regional de Ordenación del Territorio y una Ley contra el despoblamiento durante esta legislatura.

Asimismo, se proponen aumentar la inversión en I+D+i, convocar mesas sectoriales de Empleo y Formación para mayores de 45 años y mejorar la empleabilidad joven. Otros proyectos incluyen el desarrollo del teleférico Mirador del Pas, un Parque Científico Tecnológico de la Salud, un Plan Director de Usos en Parayas y la ampliación del PCTCAN en Santander y Torrelavega.

El PRC, en su apoyo legislativo al PP, ha impulsado varias leyes y planes importantes, incluyendo Participación Ciudadana, Reto Demográfico, Voluntariado y Protección Ambiental, entre otros. En materia de ganadería y sanidad, se destacan iniciativas para abordar la cuestión del lobo, incrementar indemnizaciones y abonar ayudas de la PAC.

El PSOE, por su parte, se enfoca en la transparencia, estabilización del empleo público y soluciones al problema de la vivienda. Vox ha presentado auditorías sobre la trama de Carreteras, un plan de reestructuración del sector público y medidas contra la okupación, entre otras.

Este consenso transversal y el alto porcentaje de propuestas aprobadas demuestran un sólido compromiso de los representantes de Cantabria con el bienestar de la región, a pesar de las diferencias ideológicas.