El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dado un paso decisivo en respuesta a la reciente aprobación de la controvertida ley de amnistía en el Congreso. Anunció este viernes que solicitará al Consejo Consultivo un informe preceptivo para evaluar las posibilidades del Gobierno regional de impugnar esta norma ante el Tribunal Constitucional. Con esta medida, García-Page se suma a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que expresaron su intención de utilizar todos los recursos a su disposición para detener esta legislación.

Durante su intervención en un acto institucional con motivo del Día de Castilla-La Mancha, García-Page explicó su decisión en términos claros y firmes. Destacó la importancia de defender el concepto de igualdad y asegurar que su región pueda protegerse de lo que considera una agresión a ese principio fundamental. Expresó su esperanza de que el informe del Consejo Consultivo aclare con claridad y conforme a la normalidad constitucional las opciones disponibles para llevar a cabo esta defensa ante el Tribunal Constitucional. "Esta semana vamos a proceder desde el Gobierno de Castilla-La Mancha a solicitar al Consejo Consultivo, que es el Consejo de Estado de nuestra región, vamos a solicitarle el informe preceptivo al que obliga la ley con la esperanza de que ese informe indague con claridad, con independencia y con normalidad constitucional cuáles son las posibilidades para que esta región se defienda de lo que consideramos una agresión al concepto de igualdad y lo haga lógicamente en el Tribunal Constitucional", ha expresado.

El presidente regional subrayó la necesidad de despejar cualquier duda sobre el curso de acción a seguir y la importancia de respetar las normas y reglas del juego democrático. Enfatizó que su objetivo es defender los intereses de Castilla-La Mancha por encima de cualquier consideración partidista o personal.

Respecto a la ley de amnistía, García-Page rechazó la idea de considerarla una victoria, como algunos sectores independentistas han sostenido. En su opinión, el perdón no se negocia ni se otorga como resultado de un chantaje. Afirmó que tiene la obligación de velar por los intereses de su región y de cualquier norma que pueda afectarlos, subrayando así su compromiso con el bienestar y la justicia para todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha.