El Partido Popular de Torrelavega ha levantado la voz una vez más para denunciar lo que consideran una nueva pérdida de fondos del Ayuntamiento. En una rueda de prensa celebrada este jueves, los representantes del partido han expresado su preocupación por el destino de 35.000 euros del Plan Corresponsables, que según indican, deberán ser devueltos con intereses al Gobierno regional debido a la falta de ejecución de los programas previstos.

Esta situación se suma a otras pérdidas económicas previamente denunciadas por el PP, como los 1,3 millones de euros destinados al Barrio Covadonga y el millón de euros para la contratación de desempleados durante la gestión de José Luis Urraca en el área de Recursos Humanos.

Miguel Ángel Vargas, portavoz municipal del PP, ha señalado que aunque la cantidad en esta ocasión no sea tan elevada, cada euro recaudado debe ser administrado correctamente y no desperdiciado. Los populares han atribuido esta «nefasta gestión» a la concejal de Medio Ambiente, Igualdad y Festejos, Patricia Portilla, quien según ellos ha acumulado una serie de errores frecuentes en su área, especialmente en relación al Programa de Conciliación Laboral y Familiar 'Abierto en vacaciones'.

Vargas ha destacado que han realizado reiteradas llamadas al alcalde, Javier López Estrada, para solicitar el cese de Portilla. Pero hasta el momento no ha habido acción al respecto. Ante esta situación, el Partido Popular considera necesario tomar medidas adicionales y ha anunciado su intención de solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir la reprobación de la concejal. Con la mayoría suficiente, los populares pretenden forzar la convocatoria de este pleno en los próximos días.

Para Rosa Fernández, concejal popular, «Portilla es la única responsable de los problemas que han enfrentado las familias, quienes incluso han recolectado firmas pidiendo su cese». Fernández ha lamentado el historial de errores de Portilla en el último año, incluyendo retrasos en el contrato del programa de conciliación familiar, cancelaciones repentinas del programa, cobros ilegales de cuotas a los padres, entre otros. Según la concejal, «estos problemas han afectado directamente a los vecinos, y es hora de que se tomen medidas concretas para resolver la situación».