El precario equilibrio autonómico logrado por los pactos del PP con Vox en seis Comunidades está, parece, a punto de romperse. Y yo diría que, si todas las fuerzas políticas españolas actuasen con coherencia y sentido de Estado, lo mejor sería que se rompiese. Porque...

Porque nada más dispar ahora que las políticas del PP respecto de las de Vox, y no hablo solamente del tema de la inmigración, plasmado en una cruel polémica sobre la acogida a los menores migrantes que llegan ilegal y esforzadamente a nuestro país; hablo también de los alineamientos internacionales de Vox, de su posicionamiento en Europa, en tantas cuestiones sociales, políticas y hasta económicas, que hacen ya casi impensable un entendimiento fructífero entre los partidos de Núñez Feijoo y de Abascal.

Vaya, claro, por delante mi respeto a una formación que, como Vox, cuenta con el respaldo de tres millones largos de españoles, y a las cifras electorales me remito. Y digo respeto porque no hay votos equivocados –todos valen igual, y este es un principio básico de la democracia-, sino, como mucho, votos más o menos inconvenientes para lograr determinados objetivos políticos. Creo, sin embargo, que el partido de Abascal ha encadenado una serie de graves equivocaciones políticas, desde presentar a Tamames como candidato en una investidura hasta aliarse con Orban, el húngaro prorruso, en el Parlamento europeo, pasando por empujar hacia la salida de esta formación a una figura tan válida como Iván Espinosa de los Monteros. Por ejemplo. Y eso, sin hablar del trato algo denigrante que desde ese partido se da a muchos medios ‘poco amistosos’.

Mal negocio hizo el presidente ‘popular’ y líder de la oposición Alberto Núñez Feijoo, permitiendo la negociación entre su partido y Vox para cubrir gobiernos autonómicos precisamente durante la campaña de las elecciones generales del pasado 23 de julio. Iba Feijoo advertido por muchas voces; cuidado, que la negociación se puede enredar y nada hunde más una campaña electoral que los barullos entre socios. Así, los ‘barullos’ se multiplicaron en Valencia, Aragón, Extremadura, Castilla y León y Baleares. Y ahora aquellos polvos amenazan con convertirse en arenas movedizas quizá ya este mismo miércoles si Abascal cumple su amenaza de abandonar esos gobiernos en el caso de que las autonomías del PP acepten acoger a un número aún no precisado de esos menores migrantes que llegan en pateras, hambrientos y desesperados, a nuestras costas.

Nunca me ha gustado el esquematismo y la hostilidad con los que el peor Vox ha tratado a la figura del inmigrante, al que, lejos de considerarle un desheredado total de la fortuna, se moteja como delincuente, violador, asocial o un peligro para la sociedad ‘biempensante’; una generalización a todas luces injusta, desequilibrada y nada compasiva, cuando lo urgente es llegar a un gran pacto nacional sobre la inmigración, pensando más bien en la acogida que en el rechazo, más en una búsqueda de soluciones laborales y económicas que en una selección de medidas represivas. Porque la historia de la humanidad es la historia de las migraciones, y estas, ante determinadas coyunturas –como las que ahora vivimos en todo el mundo--, serán incómodas, pero también inevitables.

Digo todo esto pensando en el encuentro que las Comunidades Autónomas y el Gobierno mantienen este miércoles precisamente a cuenta de un reparto en la acogida de menores, pero que puede convertirse en un debate en toda regla acerca de cómo afrontar la cuestión clave de la inmigración en todos sus aspectos. Que, a mi modo de ver, solo podría resolverse parcialmente con un gran acuerdo nacional que incluya lo territorial, lo policial y lo presupuestario, pues no cabe duda de que las medidas a adoptar serán costosas. Pero, debo insistir, por completo inevitables, y aquí me resisto a enumerar algunas de las más sensatas y prudentes que he escuchado barajar a gentes que de esto saben mucho más que yo.

Y ese pacto de Estado –vuelvo, sin duda, a caer en las viejas utopías, tan necesarias- supondría también una oferta seria y creíble al PP por parte del PSOE, comprometiéndose a dejar gobernar un tiempo determinado en las autonomías a la fuerza más votada, aunque esta fuerza, por haber roto los pactos de gobernabilidad con otros partidos, no tenga la mayoría suficiente. Sería el principio de un acercamiento a un acuerdo electoral que consagrase el muy democrático principio de que gobierne el más votado, sin necesidad de encomendarse a extraños compañeros de cama. Y hoy, PP y Vox, como, de otro lado, el PSOE y Junts, son muy extraños compañeros de cama, y esos acuerdos ‘contra natura’ están taponando la normal gobernabilidad del país.