La vista oral, celebrada en la Sección Primera y prevista para continuar la próxima semana, ha sido escenario de las declaraciones de los procesados y la víctima, quien intervino por videoconferencia desde la cárcel de Dueñas (Palencia), donde cumple condena por delitos no relacionados con este caso.

Según lo expuesto durante el interrogatorio, uno de los imputados llamó a la víctima por su nombre y, al girarse, fue acometido con un arma blanca (machete), extremo que ha corroborado la víctima al afirmar que recibió el machetazo "de frente". Estas declaraciones contradicen la versión del ministerio público, que sostiene que los acusados atacaron a la víctima "por la espalda y de forma sorpresiva".

Los hechos ocurrieron en la tarde del 22 de febrero de 2022 en el supermercado Lupa de la calle Vargas de Santander. Según la Fiscalía, los implicados buscaron a la víctima tras estar en un local regentado por el hermano de uno de ellos y lo agredieron al entrar en el supermercado. A juicio del ministerio público, los acusados actuaron "con ánimo de menoscabar seriamente su integridad física y siendo conscientes y aceptando que pudieran incluso causar su muerte". Uno de los agresores portaba una catana y una cachava, otro una navaja y el tercero realizaba labores de vigilancia.

La víctima, de 37 años en el momento de los hechos, tuvo que ser ingresada en el Hospital Valdecilla tras recibir varios pinchazos en el brazo y el glúteo. Sin embargo, logró defenderse utilizando sartenes y otros objetos del supermercado, según el escrito provisional de la fiscalía. La acusación considera a los procesados culpables de un delito de homicidio en grado de tentativa, por el cual solicita nueve años de prisión para cada uno, además de doce años de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima, y una indemnización de 26.700 euros.

Este juicio no solo pone de relieve la violencia del incidente sino también la determinación de la víctima para defenderse en una situación desesperada. La primera sesión ha evidenciado las discrepancias entre las versiones de los acusados y la fiscalía, centrando el debate en la intención y premeditación detrás del ataque. La declaración de la víctima, destacando que el ataque fue frontal, podría influir significativamente en el desarrollo del juicio y en el veredicto final.

A medida que el juicio avance, se espera que se presenten más pruebas y testimonios que clarifiquen los eventos de aquel fatídico día. La comunidad de Santander observa con atención el desenlace de este proceso judicial, que podría sentar un precedente importante en la lucha contra la violencia y la delincuencia organizada en la región. Las próximas sesiones, programadas para el miércoles 25 y jueves 26, serán cruciales para determinar la culpabilidad y las consecuencias legales para los acusados.

El caso refleja la gravedad de los actos de violencia premeditada y la necesidad de un sistema judicial que garantice justicia tanto para las víctimas como para la sociedad en general. La conclusión de este juicio será determinante no solo para los involucrados, sino también para la percepción pública sobre la eficacia y rigor del sistema judicial en casos de intento de homicidio y agresiones violentas.