La reciente publicación de la amnistía en el Boletín Oficial del Estado ha tenido repercusiones directas en los procesos judiciales abiertos contra líderes independentistas en España. Una de las consecuencias más significativas es la decisión de la magistrada del Tribunal Supremo, Susana Polo, de suspender temporalmente la solicitud de asistencia judicial internacional en materia penal relacionada con Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg, ambos fugados de la justicia española.

En una providencia consultada por Vozpópuli, la magistrada ha dejado en punto muerto las diligencias dirigidas a Suiza que buscaban localizar a by al diputado de ERC, así como la Orden de Investigación Europea (OEI) iniciada con ese propósito. Según lo dispuesto, estas medidas permanecerán en suspenso, con la excepción de la notificación de las resoluciones emitidas en la causa contra Puigdemont.

El caso, que se originó en febrero pasado en la Audiencia Nacional y fue remitido al Tribunal Supremo, ahora se ve afectado por la entrada en vigor de la amnistía. Este proceso judicial también abordaba la posible implicación de ambos políticos en actividades vinculadas a Tsunami Democràtic, un movimiento considerado radical por las autoridades judiciales.

Aunque la investigación principal contra Puigdemont ha girado en torno al procés, las nuevas diligencias relacionadas con el presunto delito de terrorismo también preocupan al ex presidente catalán. La sala penal del Tribunal Supremo había respaldado previamente la investigación de Puigdemont por su supuesto liderazgo en Tsunami Democràtic, señalando su implicación en acciones consideradas potencialmente terroristas.

La aplicación de la amnistía, promovida por el gobierno con apoyo de los partidos independentistas, se centró en delitos asociados al procés, aunque la inclusión de delitos de terrorismo bajo esta medida generó controversia debido a su gravedad dentro del marco legal europeo. Según lo establecido, la amnistía excluye los actos que hayan causado graves violaciones de derechos humanos, según lo estipulado en la Convención Europea de Derechos Humanos.

La decisión de la magistrada Polo de suspender las investigaciones internacionales refleja el impacto inmediato de la amnistía en los procedimientos judiciales en curso, marcando un hito en la interpretación y aplicación de la nueva legislación en casos de alta sensibilidad política y legal.