Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha presentado un recurso contra la última providencia emitida por el juez Juan Carlos Peinado. Gómez acusa al magistrado de perjudicar sus derechos fundamentales al no aclarar los motivos de la investigación en su contra. El juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid mantiene abierta la causa tras recibir "nuevos documentos" y ceder una parte del caso a la Fiscalía Europea. El caso se ha dividido en tres bloques: uno relacionado con información falsa, otro con contactos con Globalia, y un tercero sobre apoyo a Juan Carlos Barrabés, empresario aragonés, que es el único considerado relevante por los jueces.

El abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, sostiene que la providencia del juez Peinado no especifica "un elemento esencial de todo procedimiento penal como es el conjunto de hechos que se imputan a la única persona que estaba sujeta a investigación". Esta falta de claridad afecta gravemente los derechos de Gómez, amparados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Constitución y diversas normativas europeas e internacionales.

Gómez solicitó al magistrado la semana pasada que aclarara "los hechos que en la actualidad conformarían la causa que sigue siendo competencia del presente juzgado". Esto ocurrió después de que el juez cediera a la Fiscalía Europea la parte del caso relacionada con los contratos de Red.es y Barrabés, quien consiguió adjudicaciones por valor de 10,6 millones de euros tras las cartas de recomendación de Gómez.

La Audiencia Provincial de Madrid dividió la denuncia inicial en tres bloques tras un recurso de la Fiscalía: uno por información falsa, otro por contactos con Globalia, y un tercero sobre el apoyo al empresario aragonés. Este último es el único considerado relevante. Según Peinado, en el momento de emitir la providencia, solo constaba la denuncia inicial y la información de dos medios de comunicación. Sin embargo, posteriormente se han recibido "nuevos documentos" que justifican la continuación de la investigación en dos bloques adicionales.

El abogado de Gómez señala que la providencia no clarifica los motivos por los que sigue imputada. Camacho afirma que la Audiencia de Madrid determinó que dos de los bloques no tenían "los suficientes elementos" para justificar la apertura de una investigación, limitando las pesquisas a las adjudicaciones de Red.es, que ahora están en manos de la Fiscalía Europea. Barrabés consiguió tres adjudicaciones por valor de 10,6 millones de euros gracias a las cartas de recomendación firmadas por Gómez, quien deberá declarar ante el juez el 5 de julio por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.

Camacho insiste en que el juez Peinado parece estar investigando los bloques que la Audiencia de Madrid consideró insuficientes para abrir la investigación. Esto afecta gravemente el derecho a la tutela judicial efectiva de su representada. "Es imposible saber qué es lo que el juzgado estima que es objeto de investigación en la presente causa", reprocha Camacho, señalando la confusión que esto genera para la defensa de Gómez.

El artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece el derecho de los investigados a conocer el resultado de las diligencias y los hechos imputados, de lo que el juez debe informar "con prontitud" para "permitir el ejercicio del derecho a la defensa". Camacho también critica al juez por referirse a la posibilidad de tener acceso al sumario "en cualquier momento" tras levantar el secreto, señalando que la personación de varias acusaciones particulares complica el conocimiento del objeto del procedimiento.