El magistrado Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, ha solicitado al Tribunal Supremo la imputación del expresidente catalán Carles Puigdemont por traición. Esta petición, enmarcada en el caso Voloh, investiga la injerencia de Rusia en España a través de los líderes independentistas. Según el auto del juez, al que ha tenido acceso El Debate, queda claro como el agua que Puigdemont jugó un papel crucial en varias reuniones con agentes rusos destinadas a recaudar fondos para financiar los actos de la proclamación ilegal de independencia de 2017. 

El juez ha decidido ampliar el abanico de imputados en la causa. Entre los nuevos implicados figuran el también expresidente Artur Mas, la exconsejera Elsa Artadi, el abogado de Puigdemont Gonzalo Boye y su exjefe de gabinete Josep Lluís Alay, entre otros. Se les imputan los delitos de traición y malversación de caudales públicos.

Reuniones con agentes rusos: una oferta que canta más que un gallo en madrugada

La investigación se centra en varios encuentros que Puigdemont y sus colaboradores mantuvieron con agentes rusos. Uno de estos agentes ofreció a Puigdemont una ayuda explícita para que la independencia de Cataluña saliera adelante. Concretamente, prometió facilitar un grupo de 10.000 soldados rusos y una partida de 500.000 millones de dólares. La única condición del emisario de Putin era que, de concretarse la independencia, Cataluña se convirtiera en un paraíso fiscal de criptomonedas.

Pruebas y documentación: no hay peor cuña que la de la misma madera

Aunque no apareció personal militar extranjero durante los días cercanos al 1-O, el juez sostiene que existen pruebas que acreditan que el entorno de Puigdemont recibió fondos rusos para financiar la operación. Estos hechos se enmarcan dentro del delito de traición, que engloba «la inducción a la guerra, favorecimiento del enemigo, espionaje y declaración de guerra o firma de paz en contra de lo dispuesto en la Constitución española de 1978».

Una investigación minuciosa: en casa del herrero, cuchillo de palo

La decisión del juez Aguirre de continuar con el procedimiento judicial y solicitar al Supremo que investigue estos hechos se produce tras meses de exhaustiva investigación. El magistrado ha hallado numerosa documentación que acredita las reuniones y los compromisos que los líderes independentistas pactaron con los agentes rusos.

Uno de los documentos clave es un manuscrito obtenido en un registro policial anterior donde se lee la palabra «Putin» junto a «financiación». Al lado de ambas se encuentra la expresión «unificar bitcoin mañana del volátil y debajo al oro». La anotación se refiere a la exigencia que el emisario de Putin puso a los independentistas: la oferta de 500.000 millones de dólares y un grupo de 10.000 soldados rusos a cambio de que Cataluña se comprometiera a convertirse en un paraíso fiscal de criptomonedas para Rusia.