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Andalucía abre como una cuenta atrás su último e incierto periodo de sesiones

Enrique Bermúdez

Andalucía abre como una cuenta atrás su último e incierto periodo de sesiones

Enrique Bermúdez

Sevilla, 2 feb (EFE).- El Parlamento de Andalucía inicia ya el que será su último periodo de sesiones de la actual legislatura con la incertidumbre de cuánto durará, ya que, con el reloj de la cuenta atrás electoral puesto en marcha, la aprobación o no de las leyes y decretos que lleve el Gobierno lo pondrá en continuo examen.

Al primer pleno ordinario, que se celebrará la próxima semana, irán dos de las medidas legislativas más relevantes y que generarán más debate de los próximos meses, ya que se votará el inicio de la tramitación de la ley de Economía Circular del Gobierno PP-Cs, así como de la proposición de ley acordada por PP, Cs y Vox para llevar a cabo una regulación de los regadíos en el entorno de Doñana.

La ley de Economía Circular, que el Ejecutivo sitúa como clave en su denominada "revolución verde", contará con el rechazo de Vox, que está en contra de los postulados de la Agenda 2030, por lo que el Gobierno sufrirá previsiblemente el primer revés del que hasta hace poco era su socio en los primeros compases de febrero.

La mera inclusión de este proyecto de ley en el orden del día del próximo pleno ya ha contado con las críticas de PSOE y Unidas Podemos, que se han quejado de que sólo tendrán unas horas para poder presentar una hipotética enmienda a la totalidad, ya que el plazo se abrirá el miércoles y se debatirá la iniciativa el jueves.

Por su parte, la regulación de los regadíos en Doñana cuenta con el apoyo suficiente (son dos proposiciones de ley idénticas de PP-Cs y PP-Vox), pero su tramitación se prolongará durante los próximos meses y los partidos de izquierda ya se han mostrado contrarios.

La intención de los grupos que sustentan al Ejecutivo es que, si se cumplen los plazos por trámite de urgencia, ambas leyes puedan ser aprobadas a finales de abril o principios de mayo.

Aunque ahora empieza el periodo ordinario en el Parlamento, la semana pasada el Ejecutivo bipartito ya tuvo que hacer frente a un pleno extraordinario para analizar la situación de la sanidad, forzado por la oposición en su conjunto (PSOE, Unidas Podemos y Vox), dejando ver claramente que la gestión de la Atención Primaria será uno de los principales arietes políticos hasta las elecciones.

Con ese inicio por adelantado, que fue de polémica preelectoral en la Cámara, el mes de febrero se presenta como una importante piedra de toque para lo que resta de legislatura, sobre todo porque el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha repetido en varias ocasiones que si no salen adelante las iniciativas que necesitan, PSOE y Vox le estarán forzando a pulsar el botón electoral.

La financiación autonómica, un debate enquistado, parece que volverá a ser otro de los temas principales de los próximos meses. El Gobierno andaluz ha reclamado otro acuerdo unánime de la Cámara para pedir un nuevo sistema, algo que se antoja complicado con la mirada puesta en las urnas y con un arco parlamentario fragmentado.

El consejero de Hacienda, Juan Bravo, comparecerá a petición propia en el Parlamento para abordar la financiación y el Gobierno andaluz ha trasladado a los grupos el documento de alegaciones al sistema propuesto por el Gobierno central.

También será importante para el Ejecutivo la aprobación en el Parlamento de los decretos, entre ellos los de modificaciones presupuestarias para ir sacando adelante su gestión, ya que van a afrontar el año con los presupuestos prorrogados.

En los últimos meses del 2021, sobre todo después de que se tumbaran las cuentas, el ambiente preelectoral ya ha reinado en los pasillos del Parlamento, aunque el Gobierno bipartito ha podido sacar adelante algunas leyes fundamentales, con apoyos a un lado u otro (PSOE o Vox), como es la ley del Suelo.

Este año, los doce plenos marcados en el calendario de sesiones hasta julio suponen una cuenta atrás y se espera que los mensajes electorales impregnen cada vez más las posiciones de los partidos hasta que Moreno decida disolver el Parlamento, que debe ser 54 días antes de la fecha de las elecciones. EFE

ebg/jrr

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