La adjudicación de los contratos en Cantabria a Barrabes Ski, que se realizaron en menos de una semana y fraccionaron el valor total para eludir controles y procedimientos legales, ha generado polémica al coincidir con una importante reunión de Juan Carlos Barrabés en La Moncloa con el presidente Pedro Sánchez. En dicha reunión, celebrada en 2020, cuando en Cantabria gobernaban PRC y PSOE, y en la que también participaron Begoña Gómez, esposa de Sánchez, y Manuel de la Rocha, secretario general de Asuntos Económicos y G-20 del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, se discutieron temas relacionados con los fondos europeos. 

Tres contratos fraccionados en Cantabria y otros adjudicados a empresas de Barrabés sin pliego desde 2020 están bajo investigación judicial por tráfico de influencias y corrupción

Tres contratos fraccionados en Cantabria y otros adjudicados a empresas de Barrabés sin pliego desde 2020 están bajo investigación judicial por tráfico de influencias y corrupción.

En el listado destacan tres contratos procedentes de la Consejería de Presidencia de Cantabria, siendo consejera la regionalista Paula Fernández. Los tres son de menos de 15.000 euros -lo previsto-. Esto permitió eludir los controles, el concurso y la publicidad. Si hubiesen ido a diferentes empresas todo estaría dentro de la legalidad. Pero los tres se concedieron en la misma semana a Barrabes Ski, lo que supuso eludir los pliegos y cualquier clase de competencia. El mismo organismo cántabro troceó otro contrato -esta vez en dos- para el suministro de equipos de rescate. La normativa expone claramente que está prohibido trocear contratos y convertirlos en menores para evitar los pliegos y la transparencia. Ixorigue Technologies, otra de las compañías de Barrabés, dedicada al asesoramiento de explotaciones ganaderas también consiguió un contrato. Se lo adjudicó Parques Naturales, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La empresa también contempla la creación, explotación y licencia de software de gestión y control de explotaciones ganaderas el diseño y comercialización de hardware, como sensores y elementos de transmisión de datos. El contrato estaba valorado en 11.653 euros. También logró un pequeño contrato El Cañonazo Multimedia, con el Museo del Prado, según publica el diario The Objective.

Barrabés está imputado en el caso que investiga la presunta corrupción de Begoña Gómez.

Esta coincidencia ha suscitado interrogantes sobre si la relación profesional y personal de Barrabés con Gómez y las gestiones realizadas durante el encuentro en La Moncloa influyeron en la adjudicación de contratos a sus empresas en Cantabria, llevando a una investigación judicial sobre posibles irregularidades y tráfico de influencias. Los contratos menores son aquellos cuyo valor estimado no supera los 40.000 euros en el caso de obras y 15.000 euros en el caso de suministros y servicios. Estos contratos permiten adjudicaciones directas, agilizando los trámites burocráticos. Sin embargo, esta agilidad viene acompañada de una menor transparencia y competencia, ya que evita la necesidad de publicidad y pliegos, permitiendo adjudicaciones directas sin concurrencia.

En el caso específico de Cantabria, se detectó que la Consejería de Presidencia había adjudicado tres contratos menores a Barrabes Ski, todos ellos por menos de 15.000 euros, en un breve lapso de tiempo. Este fraccionamiento permitió esquivar los procedimientos de control y competencia que la normativa establece para contratos de mayor cuantía. Si bien adjudicar contratos menores a distintas empresas dentro de los límites legales no constituye una infracción, concederlos a una misma empresa en un periodo corto de tiempo, con el evidente propósito de eludir los controles, sí lo es. Además, se descubrió que la misma Consejería fraccionó otro contrato, esta vez en dos partes, para el suministro de equipos de rescate. La normativa es clara al respecto: está prohibido dividir contratos para transformarlos en menores y así evitar los pliegos y la transparencia. Este método de adjudicación plantea serias dudas sobre la gestión de los recursos públicos y la equidad en la contratación pública.

Relación con Begoña Gómez y La Moncloa. La situación se complica aún más con la implicación de Juan Carlos Barrabés, empresario aragonés y socio de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde 2020, Barrabés ha obtenido al menos 44 contratos menores adjudicados a dedo, sin pliego, de diversas administraciones públicas, sumando un total de 300.000 euros. Esta relación profesional con Gómez comenzó con un máster en la Universidad Complutense y se consolidó tras una reunión en La Moncloa en la que participaron Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Manuel de la Rocha (secretario general de Asuntos Económicos y G-20 del Gabinete de la Presidencia del Gobierno) y el propio Barrabés. En esta reunión se discutieron ideas vinculadas a los fondos europeos, según explicó Barrabés. Debido a estos vínculos y reuniones, la investigación judicial en curso ha imputado a Juan Carlos Barrabés por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El juez que instruye la causa está examinando si la relación con Gómez y las reuniones en La Moncloa tuvieron alguna influencia en la adjudicación de contratos a las empresas de Barrabés. La investigación pretende determinar si hubo un uso indebido de la posición y las relaciones personales para obtener beneficios empresariales a través de contratos públicos.

Presidencia adjudicó tres contratos menores, todos ellos por menos de 15.000 euros

Empresas beneficiadas y contratos menores. Varias empresas de Barrabés han sido beneficiarias de contratos menores, un mecanismo que, aunque legal, ha suscitado controversia por su uso reiterado y eludición de controles. Innova Next, la consultora tecnológica de Barrabés, logró tres contratos menores entre finales de 2020 y principios de 2021. Estos contratos, otorgados por Ibermutua, Defensa y Enisa, suman un total de 39.000 euros y fueron adjudicados a dedo, sin competencia. Innova Next compitió en otros casos con empresas punteras y multinacionales, pero en estos contratos menores, solo hubo un licitador: Barrabés.

Barrabes Ski Montaña, la empresa de material deportivo y de montaña del emprendedor aragonés, se adjudicó 39 contratos menores durante el mismo periodo. Diversos ayuntamientos y consejerías, así como la Guardia Civil y el Ejército, otorgaron estos contratos a Barrabes Ski. Otros adjudicadores incluyen Aena, el CSIC y el Instituto Nacional de Artes Escénicas. En total, estos contratos suman 236.000 euros.

El uso de contratos menores está pensado para agilizar las adjudicaciones de pequeña cuantía. Esta modalidad permite a las administraciones públicas realizar contrataciones directas sin necesidad de concurso público, lo que acelera los trámites y facilita la ejecución de proyectos de menor envergadura. Sin embargo, esta agilidad tiene un coste en términos de transparencia y competencia. Los contratos menores evitan la necesidad de publicidad y pliegos, permitiendo adjudicaciones directas sin concurrencia, lo que puede resultar en favoritismos y elusión de controles.

La normativa establece que se consideran contratos menores aquellos cuyo valor estimado es inferior a 40.000 euros en el caso de contratos de obras, y a 15.000 euros cuando tienen como objeto suministros y servicios. Este umbral permite a las administraciones públicas realizar adjudicaciones rápidas y directas, pero al mismo tiempo, dificulta la transparencia y la competencia, ya que evita la publicidad y los pliegos obligatorios para contratos de mayor cuantía.

Investigación judicial. La investigación judicial en curso tiene como objetivo esclarecer las circunstancias en torno a la adjudicación de contratos a las empresas de Juan Carlos Barrabés y su posible vinculación con Begoña Gómez. El juez que instruye la causa ha imputado a Barrabés por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, basándose en la relación profesional y personal del empresario con Gómez y las reuniones en La Moncloa.

El enfoque de la investigación es determinar si esta relación influyó en la obtención de contratos públicos y si se cometieron irregularidades en el proceso de adjudicación. En particular, se examina si los contratos menores, que suman 300.000 euros desde 2020, fueron utilizados de manera indebida para eludir los controles y favorecer a las empresas de Barrabés. Además, se investiga si la relación de Barrabés con Gómez y las reuniones en La Moncloa tuvieron algún impacto en la adjudicación de estos contratos.

Detalles de las adjudicaciones. El análisis de las adjudicaciones revela que Innova Next, la consultora tecnológica de Barrabés, obtuvo muchos de los contratos frente a un panel significativo de empresas, incluidas multinacionales. Los encargos a esta empresa representan el 92.3% del total de contratos adjudicados a las empresas de Barrabés, procedentes de organismos vinculados a ocho ministerios. Departamentos como el de Transformación Digital, Defensa, Interior, Economía, Transición Ecológica, Deportes, Seguridad Social y Trabajo han sido protagonistas de las concesiones a Innova Next y Barrabes Ski Montaña.

Barrabes Ski Montaña, especializada en el suministro de material deportivo y de montaña, ganó hasta 65 contratos, muchos de ellos procedentes de Defensa e Interior, pero también del Departamento de Interior catalán. Aunque algunos de estos contratos son de menor cuantía, en conjunto suman 1.8 millones de euros. Los adjudicados por organismos estatales –un total de 32 contratos– representaron casi 1.3 millones del importe total.

Contratos de Barrabés Internet y otras empresas. Barrabés Internet, otra empresa del grupo, obtuvo dos pliegos con un importe de adjudicación de 120.400 euros. El más importante de estos contratos fue concedido por Correos para una campaña de publicidad, con un coste de 104.650 euros. Además de las empresas mencionadas, otras del grupo Barrabés, como Ixorigue Technologies, dedicada al asesoramiento de explotaciones ganaderas, también consiguieron contratos menores. Ixorigue Technologies recibió un contrato de Parques Naturales, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, valorado en 11.653 euros.

El uso de contratos menores y su fraccionamiento para eludir controles legales plantea serias dudas sobre la gestión de los recursos públicos y la transparencia en la adjudicación de contratos. La investigación judicial en curso busca determinar si hubo irregularidades y si la relación de Barrabés con Begoña Gómez y las reuniones en La Moncloa influyeron en la adjudicación de contratos. Mientras tanto, la normativa vigente sobre contratos menores sigue siendo un área crítica que requiere atención para evitar abusos y garantizar la equidad y transparencia en la contratación pública.

La importancia de esta investigación radica no solo en esclarecer posibles delitos, sino también en mejorar los mecanismos de control y transparencia en la administración pública. Las conclusiones que se deriven de este caso podrían sentar precedentes importantes y conducir a reformas en la normativa de contratación pública para prevenir futuros abusos.