Melilla, 12 ene (EFE).- La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga con sede permanente en Melilla ha confirmado el sobreseimiento de la querella presentada por el PP por presunto delito de prevaricación administrativa contra la consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, Dunia Almansouri (CPM), por el denominado búho taxi.

El auto de la Audiencia Provincial, al que ha tenido acceso Efe, rechaza así el recurso de apelación presentado por el Partido Popular.

Este caso se remonta a las fiestas patronales de 2019, en las que Dunia Almansouri, que entonces era consejera de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, anunció unos bonos diarios de descuento del trayecto en taxi por importe de 5 euros que los ciudadanos podían adquirir mediante la presentación de su DNI para regresar de la Feria en este servicio público.

La Audiencia Provincial indica que "no puede ser compartido" el argumento que emplea el auto recurrido respecto a que la consejera "otorgó una subvención al margen del procedimiento legalmente establecido" y sería "una resolución arbitraria".

En su opinión, "no parece que se cumplieran los requisitos propios de una subvención", pero "desde luego obedecía a una finalidad legítima y para su instrumentación había muy poco tiempo dadas las fechas en las que se planteó".

La Sala llega a la conclusión de que "no puede considerarse que la resolución de la consejera tenga transcendencia penal", partiendo de que "solo se aprecia una infracción procedimental, no queda clara la calificación jurídica del instrumento, la resolución respondía a fines legítimos, la premura existente por el comienzo de la feria, y la resolución, en cuanto al fondo, no era injusta".

Considera que con estos bonos se favoreció a la ciudadanía en general facilitando el uso del taxi "y evitando el uso del vehículo particular después de una jornada de feria (donde se suele beber)", y también se ayudaba a incentivar la actividad del taxi, sin que se perjudicara a ningún profesional del gremio, "pues existió plena libertad para que individualmente se adhieran al convenio".

Además, el gasto está justificado y su cuantía, 2.505 euros, "fue escasa", además de que la Intervención no apreció perjuicios al erario público "sin perjuicio de los defectos formales que pueden existir en la cuenta justificativa", de ahí que "no queda suficiente acreditado el elemento subjetivo del injusto y, por ende, el mencionado delito" que solicitaba el PP.

El auto de la Audiencia Provincial coincide con el criterio del Ministerio Fiscal y la defensa, que se oponían al recurso, y declara de oficio las costas causadas en este recurso del PP, que ha quedado desestimado íntegramente. EFE

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