Santander, 18 ene (EFE).- El municipio de Cabezón de la Sal ha cerrado 2021 con una tasa de criminalidad de 25 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, una cifra que es sensiblemente inferior al nivel de Cantabria y más de 10 puntos por debajo de la tasa nacional.

Así se ha dado a conocer este martes en la Junta Local de Seguridad del municipio que ha estado presidida por la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, y el alcalde de Cabezón de la Sal, Víctor Manuel Reinoso, en la que se ha efectuado un balance de seguridad del municipio.

En la reunión también han participado el teniente coronel de la Guardia Civil de Cantabria Juan Martínez Ros, junto a otros mandos de este Cuerpo, y el jefe de la Policía Local.

Según indica la Delegación del Gobierno en un comunicado, los delitos en Cabezón de la Sal tuvieron un comportamiento mensual sin "variaciones importantes" respecto a los datos de los años 2019 y 2020, salvo en los meses de noviembre y diciembre que experimentaron un repunte.

En este sentido la Guardia Civil ha explicado que, en comparación con 2019, se registraron más 26 delitos cometidos, en su mayoría, en ámbito privado que son "difíciles de prevenir", como estafas con el uso de las nuevas tecnologías, amenazas, lesiones y apropiaciones indebidas, entre otros.

Pese a ese aumento de casos, la eficacia en las investigaciones de la Guardia Civil permitieron que en 2021 aumentara el esclarecimiento de los delitos un 37 % y subiera un 64 % el número de detenidos e investigados.

Por lo que respecta a los delitos contra el patrimonio, los delitos de hurtos y daños permanecieron en cifras similares, repuntando los robos con fuerza en viviendas, si bien, casi la mitad de ellos fueron en grado de tentativa.

Las estafas cometidas por el uso de las nuevas tecnologías aumentaron y supusieron más del 20 % del total de los delitos cometidos en Cabezón de la Sal.

Por lo que respecta a los delitos contra las personas, no se registraron "grandes variaciones", repuntando las lesiones y las amenazas.

En cuanto a las actuaciones en materia administrativa, la Guardia Civil formuló el pasado año 220 denuncias, cifra ligeramente superior a 2020.

De estas actuaciones, el 55 % estuvieron dirigidas a evitar la propagación de la COVID-19 y el resto se enmarcaron en la prevención de la seguridad ciudadana, entre otras. EFE

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