Santander, 13 ene (EFE).- Los gobierno de Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León han pedido "amparo" a la Unión Europea, ante el "desamparo" a que se han visto abocadas estas comunidades autónomas con la decisión del Gobierno de España de incluir al lobo ibérico en el Listado de Especies Protegidas (Lespre).

Los cuatro consejeros competentes en esta materia han mantenido este jueves, por videoconferencia, una reunión con el comisario de europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, al que han trasladado su preocupación por las consecuencias que tendrá en estas comunidades autónomas, que albergan a la mayoría de ejemplares de este especie en España, la inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies de Protección Especial (LESPRE) por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

“Una decisión del todo desafortunada”, según ha enfatizado el consejero cántabro, Guillermo Blanco, al termino de una reunión que "ha sido breve pero aclaratoria", y en la que primera conclusión que han extraído los consejeros es que "Europa tiene un conocimiento muy laso de la situación del lobo en España".

Durante la reunión, los representantes autonómicos han explicado que los exhaustivos informes que han elaborado demuestran que “el lobo al norte del Duero disfruta de un estado de conservación favorable”, ya que tanto la evaluación de la dinámica de las poblaciones como el área de distribución y la calidad del hábitat para la especie “resultan a todas luces favorables” en las comunidades que albergan cerca del 98% de la especie, “lo que hace incomprensible la decisión del Ministerio de incluir el lobo en el LESPRE”.

Unos informes que remitieron al Ministerio para elaborar el informe sexenal (2013-2018) que cada estado membro de la Unión debe remitir a la Comisión Europea, de conformidad con el artículo 17 de la Directiva Hábitats.

No obstante, tal y como han advertido ante Sinkevičius, “el Gobierno central hizo su propia interpretación de las evaluaciones y datos de las comunidades, y trasladó a la UE conclusiones erróneas para justificar una decisión meramente ideológica y no avalada por la ciencia”.

“Se modificaron criterios estadísticos que concluyeron el estado como desfavorable y desembocaron en esta situación”, han señalado los cuatro consejeros, que han dejado claro que los seguimientos poblacionales que se realizan de manera continua en sus territorios, basados en metodologías aprobadas y validadas por la comunidad científica, son “la mejor información disponible”.

Con los datos que manejan, han indicado, “queda patente que el estado biológico de la especie no justifica su inclusión en el LESPRE, sin perjuicio del valor cultural, científico y ecológico de la misma, lo cual es plenamente compatible con la gestión que se venía haciendo por las comunidades”.

"Hemos quedado en enviar al comisario de Medio Ambiente, lo antes posible, conjuntamente, los datos verdaderos, constatados y técnicos que tenemos las cuatro comunidades", explica Blanco, y señala que el objetivo es que Virginijus Sinkevicius "conozca la realidad" de la situación del lobo.

Dado que “el cambio de parecer” del Gobierno central se basó en este "error", los consejeros han aprovechado la reunión para solicitar al comisario europeo el establecimiento de criterios homogéneos a nivel supranacional para modular adecuadamente estas evaluaciones, que “condicionan de forma crucial a catalogación de una especie”.

“El Gobierno central fue más allá de los requerimientos de las directivas europeas, en contra de las recomendaciones del Parlamento Europeo, generando problemas donde no debe haberlos, enarbolando cómo excusa el artículo 17 de la Directiva Hábitats y generando una desafección sobre la propia Comisión Europea que debemos revertir”, han subrayado.

Asimismo, han recordado que, con carácter previo a la promulgación de la orden ministerial, la gestión del lobo ibérico se venía desarrollando en España en el marco legal establecido por la Directiva Hábitats de la UE y el Convenio de Berna, “cumpliendo plenamente con la normativa comunitaria y los convenios internacionales.

Finalmente, han hecho hincapié en el “perjuicio” que se causa a la inmensa mayoría de ganaderos y trabajadores agrícolas, “los principales afectados por los ataques y daños producidos por el lobo”. “Los preocupan que la nueva situación originada, en lugar de facilitar la coexistencia y convivencia de la ganadería y el lobo, produzca el efecto contrario”, han remarcado.

Por todo ello, los consejeros han solicitado al comisario de Medio Ambiente que analice la situación, “toda vez que las decisiones han de estar basadas en los mejores datos disponibles y buscando acuerdos con las entidades y sectores afectados, algo que no ha ocurrido en esta ocasión”.

Le han pedido la intermediación con el fin de recuperar el consenso y el diálogo que siempre ha caracterizado las relaciones entre las comunidades autónomas, como responsables de la conservación y gestión directa de la especie del lobo ibérico, y el Estado, con competencias en materia medioambiental.

Así, han solicitado que se tengan en cuentan los principios que sirvieron para aprobar de forma mayoritaria el plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía, especialmente vinculados a la resolución de conflictos sobre la coexistencia con los grandes carnívoros.

Asimismo, han reclamado que se salveguarde el espíritu de colaboración institucional en la cogobernanza a todos los niveles admnistrativos, “buscando acuerdos con las entidades locales y los sectores afectados por las decisiones que se tomen y que han de estar siempre basadas en los mejores datos disponibles”.

De igual modo, han destacado la necesidad de buscar consenso y participación en la toma de decisiones, lo que, en su opinión, “forma parte del núcleo de la gestión eficiente de los territorios y de los valores naturales y culturales que atesora”.

En la reunión han intervenido el consejero cántabro de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco; la titular de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez; por Asturias el de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suarez; y el de Medio Rural y Cohesión Territorial de Castilla y León, Alejandro Calvo. EFE

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