Madrid, 24 feb (EFE).- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves el informe crítico con el anteproyecto de ley de eficiencia digital de Justicia, dirigido a promover la digitalización en juzgados y tribunales, así como el uso de la inteligencia artificial en el dictado de resoluciones judiciales.

El pleno del CGPJ ha dado así por unanimidad su apoyo al borrador de informe elaborado por cuatro de sus vocales que, si bien respaldan el fin último de esta iniciativa legislativa, son críticos con algunas de las modificaciones planteadas, porque, consideran, "desapoderan" al Consejo.

Durante el debate de la ponencia, elaborada por los vocales Victoria Cinto, José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya y Rafael Mozo, los miembros del órgano de gobierno de los jueces han acordado de hecho introducir una nueva conclusión al informe alertando del "progresivo desapoderamiento" del Consejo, según anuncia el CGPJ en una nota de prensa.

“En el texto objeto de informe las potestades y funciones de este órgano de gobierno del Poder Judicial, (...) aparecen difuminadas, si no abiertamente eludidas o preteridas, en el marco tecnológico que diseña la ley proyectada, en lo que no es sino un hito más de un proceso de desapoderamiento que arranca en la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, y continúa con la Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre”, señala la nueva conclusión.

En esta línea, el informe observa que en el anteproyecto “se da preeminencia a una difusa Administración de Justicia y a organismos incrustados en ella, como el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), al que se atribuyen numerosas e importantes funciones a la hora de completar e implementar las medidas tecnológicas proyectadas”.

El texto aprobado advierte además sobre "la omisión de la facultad del CGPJ de proveer de firma electrónica a los jueces y magistrados", establecida en la Ley 18/2011, o la subordinación a la autorización de la administración prestacional (Ministerio de Justicia o Comunidades Autónomas con competencias transferidas) del acceso a los sistemas de información por los órganos del CGPJ con competencias de inspección y control.

También advierte el dictamen de la invasión de la competencia reglamentaria del CGPJ en aspectos de la norma referidos al funcionamiento de los órganos de gobierno de los juzgados y tribunales.

El informe realiza así varias advertencias sobre la necesidad de una regulación adecuada de dicho desarrollo en la medida en que puede afectar a la independencia del Poder Judicial y al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.

También subraya que el anteproyecto no determina con claridad el destinatario de las medidas que contiene, por lo que se genera una confusión entre el ámbito de actuación que es propio de la Administración de Justicia y el del Poder Judicial, quedando el de este último diluido en relación con el que se quiere dotar al primero.

El texto aprobado hoy por el Pleno detecta, además, una confusión de planos de actuación normativa, administrativa y procesal, lo que dificulta su correcta aplicación por los operadores jurídicos –generando inseguridad jurídica- y entra en colisión con el principio de legalidad procesal.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El informe analiza de forma detallada la regulación que hace el anteproyecto de la incorporación de modelos de inteligencia artificial a la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales y al dictado de las resoluciones judiciales.

Tras recordar que la Comisión Europea ya ha advertido del riesgo que supone la incorporación de la inteligencia artificial a la Justicia, el Pleno recuerda la importancia de contar con una regulación completa y garantista en la que, a diferencia de lo que prevé el anteproyecto, el CGPJ juegue un papel determinante en su condición de órgano de gobierno del Poder Judicial y como garante de la independencia constitucionalmente garantizada de jueces y magistrados.

Afirma en este sentido que pueden verse afectados el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de los ciudadanos a obtener resoluciones fundadas dictadas por un “juez-persona”.

El Pleno ha acordado también por ello introducir una nueva conclusión al informe que señala que en el anteproyecto “se echa en falta la determinación de los criterios de utilización de la jurimetría y de la inteligencia artificial por parte de empresas y particulares a partir de bases de datos, incluso aquellas configuradas por este órgano constitucional; el cual habrá de tener la necesaria participación en la determinación de tales criterios de uso”.EFE

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