Túnez, 20 ene (EFE).- El Consejo Superior de la Magistratura (CSM) en Túnez defendió hoy su integridad y aseguró que seguirá ejerciendo su labor "independientemente" del último decreto del presidente tunecino, Kais Said, que horas antes retiró las "primas y privilegios" de sus miembros al igual que hizo seis meses antes con los diputados del Parlamento.

"Esperemos que este decreto presidencial no sea un medio para presionar al Consejo Superior de la Magistratura", declaró su presidente, Youssef Bouzakher, en una entrevista a la radio local "Express FM", en la que recordó que el organismo beneficia de una autonomía administrativa y financiera tal y como recoge la constitución.

Según el decreto publicado anoche en la página oficial de la Presidencia tunecina, los 45 miembros del Consejo serán privados a partir de ahora de su prima mensual de 2.300 dinares (equivalente a 700 euros) además del bono de 400 litros de combustible para los desplazamientos.

En este sentido, Bouzakher reveló que ninguno de los magistrados se ha beneficiado de dichas primas durante los últimos seis meses y que continuarán con sus actividades hasta que concluya su mandato oficial, el próximo mes de octubre.

En los últimos meses, Said ha mencionado en varias ocasiones la necesidad de revisar la ley del poder judicial y su posible disolución y en un reciente discurso señaló que la única manera de erradicar la corrupción- su caballo de batalla- es con un sistema "justo y con jueces libres de cualquier sospecha".

Sin embargo, el Consejo Superior, encargado del buen funcionamiento de la justicia y de la independencia de la autoridad judicial, rechaza cualquier reforma por decreto y denuncia una injerencia del Ejecutivo mientras que la Asociación de Magistrados Tunecinos (AMT) pide al gobierno proteger la seguridad de los jueces, a los que considera víctimas de una campaña de difamación.

Desde que el pasado 25 de julio el Kais Said proclamó el Estado de excepción -que incluyó el cese del entonces primer ministro, Hichem Mechichi y la suspensión de la Asamblea de manera indefinida-, ha suspendido la casi totalidad de la Constitución de 2014 y ha asumido plenos poderes con el fin de "recuperar la paz social".

Una decisión que ha sido calificada por la mayoría de partidos políticos como "golpe de Estado", mientras otros consideran que se trata de una "rectificación" de la revolución de 2011 que puso fin a las dos décadas del régimen autócrata de Zin El Abidin Ben Ali.

Desde entonces, la justicia, tanto civil como militar, ha abierto numerosas investigaciones y ha adoptado medidas cautelares -arrestos domiciliarios y prohibición de abandonar el país- contra altos cargos de instituciones, magistrados, hombres de negocios y diputados por supuestos casos de corrupción y otros ligados a la libertad de expresión, lo que ha suscitado la preocupación de organizaciones de defensa de los derechos humanos. EFE

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