Madrid, 8 feb (EFE).- El Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería Satse han iniciado este martes el procedimiento para llevar al Tribunal Supremo la nueva titulación de FP "Supervisión a la Atención sociosanitaria a la persona usuaria" porque pone en "grave riesgo la seguridad y salud" de los mayores de las residencias.

La nueva FP conlleva, a su juicio, "una merma en la calidad de la atención" que reciben los 400.000 usuarios de residencias de mayores y otros centros sociosanitarios, ya que en realidad se trata de una "solución de bajo coste" a la falta crónica de profesionales sanitarios cualificados.

En su opinión, no son necesarias nuevas titulaciones, sino que se refuercen las plantillas del ámbito sociosanitario y se cuente con los profesionales ya existentes; la falta de enfermeras en las residencias se debe no solo al "déficit crónico" de profesionales, sino también a "las precarias e indignas condiciones laborales y salariales" que se les da.

Ambas organizaciones confían en que la justicia impida el desarrollo de esta cualificación profesional que "tanto perjudica a los más vulnerables" y exigen al Gobierno que "reflexione y que, frente a soluciones improvisadas", apueste por las enfermeras como referentes en cuidados y por potenciar la especialista en Geriatría y Gerontología.

Por eso han iniciado el procedimiento para interponer un recurso ante lo contencioso del Supremo: "La impugnación de la norma refleja la incoherencia de que se cree una figura no sanitaria para controlar y tutelar a unos profesionales sanitarios perfectamente cualificados para acometer sus funciones en las residencias", censuran en una nota de prensa.

El CGE y Satse entienden que, con esta nueva titulación, el Gobierno pretende "satisfacer los deseos de la patronal que gestiona el 75 por ciento de las residencias" en España puesto que este perfil profesional "les va a resultar mucho más barato" a los empresarios.

"No tiene ningún sentido crear nuevas titulaciones y categorías. Eso no va a suponer ninguna mejora en la atención a las personas mayores, sino que se busca simplemente ahorrar costes a la vez que cronifica las condiciones laborales precarias en un sector clave para atender las necesidades de la población más vulnerable", concluyen. EFE

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