Lima, 27 ene (EFE).- El Gobierno de Perú declaró en estado de emergencia la Lima Metropolitana y la colindante provincia constitucional del Callao, una medida que regirá por 45 días a partir de este jueves ante el incremento de crímenes y actos delictivos.

La declaratoria de emergencia fue aprobada el miércoles vía decreto supremo en el Consejo de Ministros e implica que la Policía Nacional mantendrá en todo momento el control del orden interno de Lima y el Callao, pudiendo solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Según explicó el jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior, Dimitri Senmache, con esta medida quedan suspendidos los derechos relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, de reunión y seguridad personal.

"Si la policía tiene información de que en algún lugar hay alguna organización criminal o alguna persona que haya cometido algún delito, tiene la posibilidad de ingresar en este domicilio sin recurrir a un permiso judicial", declaró el funcionario al Canal N.

Senmache garantizó, sin embargo, que todas las intervenciones se harán siguiendo los parámetros de la ley y que no se cometerán excesos ni abusos de autoridad.

"La estrategia es golpear la columna vertebral de la criminalidad organizada. (...) Vamos a sacar armas ilegales del mercado negro que se utilizan para asaltar o asesinar en el caso del sicariato; vamos a atacar mercados donde se expenden equipos móviles de procedencia ilícita sin necesidad de una resolución judicial que nos permita hacerlo", acotó.

El ministro del interior, Avelino Guillén, ya adelantó la semana pasada que el gabinete ministerial evaluaría el pedido de declaratoria, que él respaldaba, y solicitó un informe a la Policía Nacional sobre la viabilidad de la medida en estas dos jurisdicciones, que en los últimos meses sufren un desborde de robos, asaltos y crímenes.

De acuerdo a la Constitución peruana, el Ejecutivo puede declarar el estado de emergencia en todo o en parte del territorio nacional en caso de perturbación de paz o del orden interno, catástrofe o en graves circunstancias que afecten la vida de la nación.

Inicialmente, la medida no puede exceder los 60 días, aunque si se mantiene la situación que la motivó el Gobierno tiene derecho a solicitar la extensión del plazo, que no debe ser mayor a 30 días.

Sobre esto, Senmache mencionó que, según los resultados que se obtengan en los próximos 45 días, se evaluará si se solicita o no una ampliación de la medida en Lima y el Callao. EFE

csr/si